En tres décadas, se ha pasado de las conspiraciones judeo- masónicas y del contubernio de Munich, a las conspiraciones europarlamentarias y al contubernio de Estrasburgo. En tres décadas, una derecha ultramontana, aunque transformista, ha descubierto la calle y la empaña, no con las porras y las pistolas de Fraga, sino con el gesto desencajado de Rajoy. A la ocupación armada le sucede la ocupación crispada. Para algunos, la democracia se reduce a un cambio instrumental, y en lugar de disparos, utiliza un arsenal de insultos y descalificaciones. Si en el franquismo, las algaradas y conjuras eran cosas de agentes extranjeros, entre los reaccionarios de hoy, las inspecciones y denuncias son igualmente cosas de agentes extranjeros. Entonces como ahora, los de adentro apenas contaban. Y es en esa concepción ceporra, despectiva y temerosa, donde el PP, madre de todas las derechas y madrastra de todos los derechos, se entrega a ciertas fantasías disparatadas. En ellas se inscriben las acusaciones del consejero de Territorio a los delegados de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, y según las cuales estos forman parte de un lobby que atenta contra los intereses valencianos; y que, faltaría más, está inspirado por la izquierda comunitaria; mientras el europarlamentario popular Carlos Iturgaiz califica esta visita institucional de "persecución inaceptable". El victimismo recurrente del PP, además de muy empalagoso, resulta ya patético. Si el Consell hubiera resuelto las miles de denuncias de los afectados, probablemente ninguna delegación de los organismos europeas -de los que formamos parte- tendría que sacarle los colores, ni sacudirle un clamoroso torniscón por los frecuentes abusos, que se cometen, tan descarada como frecuentemente, en nuestra autonomía. Las ilegalidades y desmesuras perpetradas por el actual gobierno valenciano y los empresarios y especuladores inmobiliarios que lo mantienen carecen de argumentos, para justificar lo injustificable: la devastación sistemática e intolerable del paisaje, del litoral, del bosque, de todo nuestro patrimonio, en fin. La corrupción, la degradación y la depredación se han censado en la Comunidad Valenciana, con patente de corso. Confiemos en que Bruselas se pronuncie con la mayor severidad frente al desastre provocado por una administración que ha echado mano de la LRAU y después de la LUV, con la mayor largueza. Para los delegados del Comité de Peticiones de la Unión Europea, según manifestaron en su encuentro con la Síndic de Greuges, en funciones, Emilia Caballero, la dispersa y ambigua legislación dificulta conciliar el interés general con el derecho a la propiedad privada. Por supuesto, se referían a la propiedad privada de ciudadanos perjudicados por arbitrarios proyectos urbanísticos. Y no a la de los cargos públicos y especuladores que amparan y promueven esos proyectos y quienes presumiblemente tienen propiedades y finanzas en una opacidad paradisíaca. Muchos lamerones y tipos de paja es lo que hay.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 4 de marzo de 2007