El caso más significativo del PP es reciente. En enero pasado fueron detenidos el alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón, y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, aunque la juez les dejo en libertad tras abonar sendas fianzas de 100.000 euros. Están imputados por presuntos delitos de cohecho y prevaricación relacionados con el urbanismo. Pero no son los únicos. Otros siete municipios de los 153 gobernados por el PP tienen litigios relacionados con cuestiones urbanísticas. Se trata de los alcaldes de Huelva, Pedro Rodríguez; Roquetas de Mar (Almería), Gabriel Amat; Barbate (Cádiz), Juan Manuel de Jesús; Ogíjares (Granada), Francisco Plata; Espartinas (Sevilla), Domingo Salado, y Valle de Abdalajís y Cómpeta (Málaga), Tomás García y Leovigildo López, respectivamente.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 6 de marzo de 2007