El alcalde de Riba-roja (Valencia), Francisco Tarazona, del PP, pidió en septiembre de 2002 al empresario Vicente Pérez Saura un "donativo" de unos 7,8 millones de euros -1.300 millones de las antiguas pesetas- como paso previo para adjudicarle un plan urbanístico en la citada localidad. Así lo declaró el pasado mes de julio el empresario a la Fiscalía, que trasladó al juzgado de Instrucción número 3 de Llíria (Valencia) los hechos denunciados por el empresario por si fuera constitutiva de delito.
El constructor se negó a satisfacer la donación. El proyecto urbanístico está todavía pendiente de adjudicación. La titular del juzgado ha citado hoy al regidor popular Francisco Tarazona a declarar.
La solicitud del alcalde de Riba-roja no es nueva, según declara el empresario denunciante a la Fiscalía. En 2002, el primer edil de Riba-roja ya pidió supuestamente a este empresario lo que él denominó "impuesto revolucionario" por otro proyecto urbanístico. Concretamente, Tarazona solicitó a Pérez Saura una "donación" de 120.000 euros para adjudicarle otro plan urbanístico en la zona conocida como Gallipont. El constructor abonó la cantidad, "sin la cual no se adoptaría la citada resolución", dijo entonces el alcalde, según el empresario.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 6 de marzo de 2007