El pasado junio, mi madre de 63 años padeció una sepsis de origen urológico (infección en sangre y orina provocada por una bacteria), lo que la llevó a ser operada de urgencia, implantándole un catéter y pasar varios días en la UVI del principal hospital de la ciudad de Burgos. Esta grave infección había sido provocada por un cálculo renal que aún se encuentra en el riñón de la paciente, así como el catéter implantado.
El equipo médico que la trata, una vez eliminada del todo la infección que sufrió, ordenó el pasado mes de octubre, a través de su informe médico, establecer como prioridad el desplazamiento a una clínica madrileña o aragonesa para realizarle una litotricia de la manera más eficaz y así poder proseguir con el tratamiento quitándole el catéter.
La gestión administrativa de la Seguridad Social de Castilla y León denegó esta primera opción, haciendo desplazar a la paciente a Valladolid de manera particular para ser sometida a un tratamiento ineficaz según informe médico. Hoy en día es la tercera vez que se somete a esta prueba y todavía la piedra y el catéter están en su organismo. ¿Por qué el poder político conservador de la Administración castellano-leonesa deja sin autoridad a los profesionales médicos? ¿Por qué Castilla y León economiza con la salud de sus habitantes y pacientes.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 8 de marzo de 2007