Últimamente en diversos ayuntamientos hay controversia sobre el alumbrado público: en cuanto a eficiencia o derroche en el uso de energía eléctrica, existencia o no de contaminación lumínica, o posibilidades de racionalizarlo. El hecho es que el alumbrado público o de exteriores en general, aumenta inconteniblemente desde hace años. Y por desgracia en nuestro país ha caído en tal exceso que el gasto de energía para ese fin se sitúa en cerca del doble de lo que sería necesario siguiendo las recomendaciones de la Comisión Internacional del Alumbrado. Esto se traduce en gran proliferación de la contaminación lumínica, que los astrónomos denuncian desde hace al menos 30 años. Sin embargo, el problema rebasa ya el campo de la astronomía, porque además supone un obvio derroche energético. Y por tanto un injustificable exceso en emisiones de CO2. Estos días acaban de reunirse los líderes de la Unión Europea para aprobar una estrategia energética de largo alcance contra el cambio climático. Entre las medidas clave está el mejorar un 20% la eficiencia energética. Y para ello se anuncian específicamente acciones correctivas sobre el alumbrado público, así como la iluminación de oficinas. Parece evidente que entre los muchos problemas de consumo desbocado que hemos de solucionar, el del alumbrado de exteriores ocupa ya un lugar prioritario, más allá de cualquier controversia. Tal como están las cosas, todos los ayuntamientos pueden darse por aludidos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 14 de marzo de 2007