Tras tres años de dura sequía, las restricciones al regadío llegan también al sistema del río Turia, que ha entrado en estado de emergencia, según confirmaron ayer el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, y el director de la oficina de planificación hidrológica, Javier Ferrer. La necesidad de garantizar el suministro a poblaciones el año próximo obligará a extender las severas reducciones de caudal de agua superficial que ya sufren los regantes del Júcar a los agricultores del Turia. La comisión de la sequía concretará en abril las limitaciones al riego, pero Moragues adelantó que los 140 hectómetros cúbicos usados el año pasado en el Turia se quedarán en la mitad. En 2006 no hubo restricciones en ese sistema, salvo para los usuarios del Canal Júcar-Turia. En el Júcar, en peor situación, los regantes esperan reducciones de entre el 60% y 70% sobre el volumen disponible el año pasado (de 350 hectómetros cúbicos pasarán a unos 250), resultado ya de recortes de la temporada anterior.
El objetivo de la CHJ es llegar al otoño con un volumen de agua embalsada suficiente para asegurar el abastecimiento urbano. La mejor situación del Turia en 2006 permitió aumentar su aportación al suministro de Valencia y reducir la del Júcar, que encadena el segundo año más seco de su historia desde que se realizan mediciones.
Moragues recordó que los regantes podrán usar también aguas depuradas, aunque será necesario recurrir de nuevo a los pozos de sequía para compensar en parte el recorte. Un centenar de pozos funcionaron la pasada campaña en los regadíos del Júcar, y algo más de una treintena estarán operativos en el Turia. La CHJ realizará un seguimiento de las extracciones para evitar daños a los acuíferos.
El organismo reunió ayer a su Consejo del Agua, en el que participan administraciones, usuarios, sindicatos y ecologistas, para aprobar el Plan Especial de Alerta y Eventual Sequía, el documento base para afrontar ciclos de sequía. El plan incorpora las medidas de gestión y vigilancia que ya aplica la CHJ, que se ha comprometido a petición de los usuarios a estudios más amplios sobre las repercusiones económicas, sociales y medioambientales de la escasez de agua.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 15 de marzo de 2007