Mis amigos y antiguos compañeros de militancia en el PSUC Jordi Borja y Mercedes García Arán (EL PAÍS, 14 de marzo) cuestionan que España es un Estado de derecho, con motivo de recientes decisiones de órganos judiciales y constitucionales que no comparten. Me resulta sorprendente que una prestigiosa catedrática de Derecho Penal afirme que una determinada emisora "practique el terrorismo verbal", y se incorpore a cierta moda de adjetivar el terrorismo con los epítetos de inmobiliario, urbanístico... que pueden banalizar el término y diluir sus contornos penales.
Compartiendo con ellos que la calidad de nuestro sistema democrático es manifiestamente mejorable, reclamo respeto para el Estado de derecho incluso cuando algunos pronunciamientos judiciales y constitucionales son manifiestamente mejorables.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 15 de marzo de 2007