El sistema educativo no está libre de ser usado por personas o entidades que recurren a subvenciones públicas con fines benéficos, educativos o culturales para -a través de un entramado financiero de sociedades- lavar dinero de procedencia ilegal en paraísos fiscales. La generalización de estos delitos en todo el mundo y el "temor" a que el fraude se ejecute de manera encubierta a través de empresas de educación, colegios o fundaciones subvencionadas parcial o totalmente con dinero público, ha llevado a la Generalitat a blindar la normativa autonómica de solicitud de conciertos educativos para el próximo curso 2007-2008, especificando por vez primera la prohibición de subvencionar las solicitudes de "personas o empresas con residencia fiscal en un país o territorio calificado de paraíso fiscal".
Tampoco podrán ser beneficiarios aquellas "agrupaciones, asociaciones o fundaciones que discriminen por razón de sexo, religión, opinión o cualquier otra condición personal o social". Se trata, según fuentes de la Administración, de extremar la vigilancia para evitar que grupos extremistas se cuelen en el "ideario" de la escuela privada concertada.
La orden también "prohíbe a los poderes públicos conceder ayuda económica" o "de cualquier otro tipo" [es decir, asesoría, aval público o de representación social, o ayuda técnica o jurídica] a "cualquiera que promueva o enaltezca la violencia, o justifique por cualquier medio los delitos de terrorismo o de quienes participaron de su ejecución o entrañen humillación, descrédito o menosprecio de las víctimas de delitos terroristas".
La orden autonómica de subvenciones constata la "imposibilidad de obtener una subvención habiendo falsificado datos, dificultado la difusión de la gratuidad del concierto", o no pudiendo justificar que "la subvención ha repercutido en el alumno".
Coordinación digital
El exhaustivo articulado y la concreción de las tres leyes estatales de Subvenciones, de Asociaciones y Tributaria a las que se remite cada cambio introducido dan cuenta de la "coordinación extrema" dispuesta entre "la Agencia Tributaria y la hacienda autonómica valenciana". Ejemplo es el nuevo modelo de exhaustivos formularios oficiales y códigos a rellenar por el solicitante, diseñados para "agilizar la transmisión de datos" y su lectura informática entre todos los organismos estatales y autonómicos de control fiscal y tributario de NIF, CIF, altas en Seguridad Social, créditos y cuentas.
El objetivo común es impedir que bajo al amparo de la educación concertada se cuelen empresas o personas "sancionadas", "inmersas en procedimientos administrativos o judiciales" o que recurran a "la utilización de cuentas con significado distinto, para dificultar la comprobación de las actividades subvencionadas".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 16 de marzo de 2007