El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, emplazó ayer al Ministerio de Fomento a que cumpla "sin retrasos" los plazos previstos para la llegada del AVE a Galicia. Touriño hizo estas declaraciones en respuesta al ofrecimiento del departamento que dirige Magdalena Álvarez de que sea la Xunta la que decida el trazado que debe seguir la línea de alta velocidad en las inmediaciones de la mina de cuarzo de Serrabal, en las inmediaciones de Santiago.
Touriño subrayó que la Xunta carece de competencias sobre el trazado, que fue fijado en la época de Álvarez Cascos. "Galicia necesita tener AVE cuanto antes" y por eso no puede "aceptar ningún retraso". "No podemos asumir que estamos en disposición de retrasar" la alta velocidad, añadió. El conselleiro de Industria, Fernando Blanco, mientras, pidió ayer en Vigo a Fomento un trazado alternativo que no conlleve retraso.
Las declaraciones del presidente se produjeron al término del Consello de la Xunta celebrado ayer. En la rueda de prensa también tuvo ocasión de reafirmar su apuesta por la reindustrialización de Ferrol a pesar de que la UE y el Gobierno central cerraron la puerta al proyecto de la Consellería de Industria para que Barreras pudiese usar parte de los terrenos de Navantia en Fene. Touriño negó que existan discrepancias en el Gobierno en este tema y sentenció: "El griterío se lo dejamos a otros".
Admisión de alumnos
Entre los acuerdos adoptados por el Consello esta semana destaca el decreto que regula la admisión de alumnos en los centros docentes sostenidos con fondos públicos. Cuando no existan plazas suficientes, el criterio de admisión tendrá en cuenta la proximidad del domicilio familiar, la existencia de hermanos matriculados en el centro, las rentas anuales de la unidad familiar y la condición de familia numerosa. También se tendrá en cuenta la discapacidad y, en el caso del bachillerato, el expediente académico del alumno. El nuevo decreto incrementa la valoración atribuida a la existencia de hermanos matriculados en el centro y a la discapacidad.
La Xunta aprobó también el plan anual de cooperación para el desarrollo, dotado con 9,3 millones de euros, lo que representa un 58% más que en el último año del Gobierno de Manuel Fraga. En estos momentos estas partidas representan casi el 0,1% del PIB (hace dos años eran el 0,07%). El plan desarrollará actuaciones en 17 países.
El Consello de la Xunta aprobó también cambios en la estructura orgánica de la Consellería de Presidencia y en la Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. En este último caso, la modificación eleva el rango de una jefatura de obras a la categoría de subdirección general con el fin de hacer frente a compromisos derivados de la puesta en marcha del consorcio de servicios sociales.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 16 de marzo de 2007