Poco a poco iremos viendo cómo las administraciones adquieren un compromiso cada vez mayor con la compra verde, o mejor dicho, la compra pública responsable. No se trata de comprar cosas raras, sino de primar en cada contratación de obra, servicio o adquisición de bienes, a aquellas opciones de mercado que contemplen criterios de sostenibilidad. Y no sólo primar, sino exigir estos estándares.
Con frecuencia las entidades públicas nos conciencian a los ciudadanos, nos sensibilizan, nos ambientalizan, pero es lamentable comprobar cómo suelen estar muy lejos de predicar con el ejemplo.
¿Por qué no usan papel reciclado en todos los impresos, o compran coches oficiales híbridos y autobuses ecológicos, o moderan las iluminaciones de edificios? ¿Alguien se lo impide? Muchos se lo pedimos. Y es de justicia reconocer que ya hay quien lo está haciendo.
La compra verde no es necesariamente más cara, y puede permitir también un ahorro económico en la vida útil de electrodomésticos, luminarias, vehículos, etcétera.
Y sobre todo con ella ahorramos problemas directos o indirectos de salud, ambientales y hasta éticos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 1 de abril de 2007