Viviendas Caselas, SL, la promotora inmobiliaria de la que es socio el alcalde de Salceda de Caselas, José Manuel Fernández Rodríguez, Chicho, continúa la ejecución de obras ilegales en un edificio de 32 viviendas de la villa pese a las denuncias vecinales y el propio reconocimiento de la ilegalidad por parte del Ayuntamiento. Prevalece el objetivo de la inmobiliaria de poner las viviendas a disposición de los compradores en mayo. Después, se supone, sería más difícil ejecutar derribos. El asunto fue denunciado ayer ante la Fiscalía de la Audiencia de Pontevedra.
El alcalde Chicho participa en el capital social de Viviendas Caselas, SL, desde 1995, fecha desde la que ha promovido 375 viviendas en el municipio, una cuarta parte aproximadamente de todas las construidas en ese periodo. La ilegalidad de las obras del edificio de 32 viviendas que promueve en la calle Rosalía de Castro fue denunciada por primera vez el 5 de diciembre pasado, a raíz de ser retiradas las lonas que cubrían el edificio en obras y hacer así ostensibles, a simple vista, sus irregularidades: una altura más de la prevista por las normas subsidiarias para el planeamiento del ámbito donde las obras se realizan; un aprovechamiento bajo cubierta que de hecho incorpora otra planta más de viviendas al edificio y, en fin, la invasión de la calle, sin respetar las alineaciones con los edificios preexistentes.
Un informe del técnico municipal, con fecha 2 de marzo, constató que las obras no se ajustaban a la licencia municipal y, en consecuencia, el alcalde resolvió el 7 de marzo "suspender inmediatamente las obras que realiza Viviendas Caselas, SL". Pero sorprendentemente, pese a esta resolución y las denuncias previas y subsiguientes, las obras no sólo no se han paralizado, sino que han cobrado un ritmo más rápido de ejecución, se supone que con la única finalidad de acabarlas en mayo, en que está prevista su entrega a los compradores, complicando así la reposición de la legalidad urbanística.
Normas desfasadas
El principal denunciante de la ilegalidad, Ángel Vaqueiro Fandiño, denunció ayer los hechos ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Pontevedra, señalando que podrían constituir un fraude de ley e incluso una infracción penal por parte del alcalde Chicho, que ya frente a las primeras denuncias, esperó a cumplir el plazo máximo de tres meses, del 5 de diciembre al 5 de marzo, para ordenar la paralización y desactivar así un posible contencioso contra él. En la denuncia presentada ayer ante la Fiscalía se señala que, con sus "acciones y omisiones", el alcalde "ha podido perpetrar diversos ilícitos penales: falsedad documental, de denegación de auxilio, delito relativo a la ordenación del territorio, prevaricación".
El grupo municipal nacionalista (cuatro concejales; el popular lo forman ocho, y el PSOE tiene uno) difundió el lunes un comunicado reclamando "una explicación pública del alcalde" sobre su implicación en los negocios urbanísticos de la villa. Ya se lo han pedido en numerosas ocasiones anteriores, pero nunca lo hizo. Al contrario, "siempre alardeó públicamente, incluso en los medios de comunicación, de su participación en una sociedad constructora", por lo que ahora el BNG considera necesario que "las autoridades competentes investiguen todos los casos desvelados por las informaciones publicadas en los medios de comunicación en estos últimos días".
El instrumento legal del urbanismo en Salceda de Caselas son unas normas subsidiarias aprobadas en 1997. No se han adaptado ni a la ley del suelo ni a la posterior ley de ordenación urbanística y de protección del medio rural (2004), que es la actualmente vigente para todo el territorio gallego.
El BNG "considera insostenible por más tiempo la actual situación, tanto de planificación como de edificación". Un ejemplo claro de la insostenibilidad del urbanismo practicado en Salceda lo aportan sus redes de abastecimiento de agua y saneamiento.
La captación de agua potable se realiza directamente del río Caselas mediante una manguera con alcachofa depositada en su cauce. Las aguas residuales reciben un tratamiento primario en una depuradora que a menudo vierte directamente al río. El verano pasado los servicios municipales, en una operación surrealista, tuvieron que baldear las orillas del río, impregnadas de excrementos y otras porquerías, para neutralizar el denso olor que expandía.
Un ovillo de intereses públicos y privados
No es la primera vez que el alcalde José Manuel Fernández Rodríguez, Chicho, actúa contra él mismo como promotor. De hecho, empezó así su carrera con esa doble ocupación profesional.
Viviendas Caselas, SL, solicitó su primera licencia de obras el 24 de mayo de 1995, para un proyecto firmado por el arquitecto Rafael Fernández Vale, que a su vez es el presidente de la inmobiliaria y quien ahora también firma el proyecto de las obras ilegales de Rosalía de Castro. Entonces se trataba de un edificio de 41 viviendas. Un año después de otorgar la licencia de obras, el 26 de abril de 1996, el alcalde Chicho decreta su paralización porque "en la planta bajo cubierta se efectúan sin ajustarse al proyecto técnico presentado". Concedió un plazo de dos meses para ajustar las obras y evitar la demolición.
La demolición se evitó, el ajuste a la licencia ya es más difícil de comprobar. El aparejador responsable de esas obras era el arquitecto técnico Manuel Novás Medín, designado al efecto por el propietario (Viviendas Caselas) y, a su vez, quien emite el informe que las paraliza como "aparejador-arquitecto técnico en contraprestación de servicios en este Ayuntamiento".
Es decir, Novás Medín, como técnico municipal, "en visita rutinaria de comprobación a las obras" de las que era su aparejador, constata que las tres primeras plantas se ajustan a la licencia, pero "en la zona de la planta de áticos (...) debería solicitarse al promotor que presente plano de sección transversal, con el fin de efectuar las comprobaciones rutinarias". Un mes después, el Novás Medín técnico municipal propone que "debe notificarse urgentemente la paralización de las obras de la última planta" que el Novás Medín aparejador dirige. Nadie sabe responder por qué ni explicar la solución que finalmente se adoptó.
Tal vez para evitar ese mareo esquizofrénico, o para crisparlo, el Chicho alcalde cuenta ahora con el asesoramiento jurídico de Juan Colón Garrido, que percibe nómina municipal y a su vez es abogado de Viviendas Caselas y de otras inmobiliarias que trabajan en Salceda.
Entre las 41 viviendas de 1995 y las actuales 32, todas con serios problemas, la inmobiliaria en que participa el alcalde ha realizado otras 300 más.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 4 de abril de 2007