Los países de la Unión Europea estarán obligados a partir del año que viene a aportar agentes de fronteras y medios materiales para combatir las crisis migratorias urgentes. Es lo que aprobó ayer la comisión de libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, que después de mucho tira y afloja ha alcanzado un acuerdo político con los Veintisiete para poner en pie los llamados equipos de intervención rápida, que se desplegarán en un máximo de 15 días desde que el país miembro que se vea afectado por el desembarco masivo de sin papeles pida ayuda a sus socios europeos.
Hasta ahora, y según la propuesta de la Comisión Europea eran los Estados los que decidían qué medios estaban dispuestos a aportar para sofocar las crisis migratorias. Una vez que el reglamento aprobado ayer pase por el pleno de la Eurocámara y por el Consejo Europeo, la solidaridad con los países con fronteras exteriores, como España, será obligatoria.
MÁS INFORMACIÓN
El ponente parlamentario del reglamento, el liberal belga Gérard Deprez, calculó que la reserva estratégica contará como máximo con 500 agentes. Cada país deberá comunicar a Frontex, la Agencia de Fronteras Europea, con cuántos efectivos piensa contribuir al contingente de intervención rápida. El consejo de Administración de Frontex dispondrá así de una especie de base de datos a la que acudirá cuando algún país de la UE solicite ayuda.
Despliegue en 15 días
Desde que se produce esa llamada de socorro, Frontex dispondrá como máximo de cinco días laborales para responder al Estado solicitante, con el que diseñará un plan operacional, y luego comunicará al resto de los países qué agentes, de qué perfil y qué medios materiales deberán aportar. Los Estados a los que Frontex solicite su contribución tendrán otros cinco días para poner a disposición sus agentes de fronteras. En total, los redactores del texto legal calculan que el proceso no se demorará en ningún caso más de 15 días.
"Cuando estuve en España en verano y vi las dificultades de Frontex para hacer frente a la llegada de cayucos, me di cuenta de que urgía actuar", dijo ayer el europarlamentario Deprez a los periodistas. Su texto deberá pasar por el pleno del Parlamento Europeo en abril y por consejo de ministros de Interior de la UE el 12 y 13 de junio, pero el acuerdo alcanzado con los grupos políticos de la Eurocámara y con las instituciones "hará que se apruebe sin problemas", según Deprez, quien reconoció que el mayor obstáculo para sacar adelante la propuesta vino de países como Holanda o Austria, tradicionalmente reticentes a abordar la política migratoria desde una perspectiva europea.
Francia, también expresó sus discrepancias, procedentes sobre todo de las filas del candidato al Elíseo, Nicolas Sarkozy. Los conservadores franceses han criticado a España por regularizar sin contar con la UE y pedir luego ayuda a sus socios para sofocar las crisis.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 12 de abril de 2007