La Asociación Catalana de Municipios (ACM), que aglutina básicamente a ayuntamientos gobernados por Convergència i Unió, presentó ayer en Lleida una fundación pública que, con la colaboración económica de las diputaciones de Tarragona, Girona y Lleida, gobernadas por CiU, se dedicará a gestionar y promover la construcción de viviendas sociales en poblaciones medianas y pequeñas. Las tres corporaciones provinciales aportarán a la fundación 30.000 euros anuales cada una a este fin.
Este organismo sin ánimo de lucro impulsado por la ACM gestionará todo el proceso de promoción de este tipo de viviendas, desde la cesión del suelo urbanizable hasta su construcción, venta, entrega de llaves a los propietarios y pago del terreno a los consistorios. Está previsto que la fundación empiece a operar en 45 días y que el segundo semestre de este año algunos ayuntamientos le faciliten suelo urbano.
La última modificación de la ley de Urbanismo de la Generalitat obliga a los ayuntamientos a reservar suelo para construir viviendas sociales. El presidente de la Diputación de Tarragona y también de la fundación, Joan Aregio, dijo ayer que la entidad ayudará a los consistorios a cumplir la legislación en esta materia y a que las nuevas construcciones tengan en cuenta las características de cada comarca con relación a su paisaje urbano. "Se busca mantener un equilibrio entre el territorio y las necesidades de los municipios más pequeños, que son los que tienen más dificultades. Es algo voluntario, pero los sondeos indican que la iniciativa tendrá aceptación", señaló.
La fundación no construirá grandes polígonos de vivienda pública, sino promociones pequeñas según las necesidades de cada municipio. Tampoco pretende competir con otras iniciativas públicas o privadas que se dedican a promocionar este tipo de pisos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 18 de abril de 2007