Los partidos políticos tendrán que pagar por sus sedes el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los ayuntamientos y ofrecer toda la información al Tribunal de Cuentas sobre sus acuerdos con los bancos en relación con sus deudas. Éstas son algunas de las novedades que ayer se introdujeron en la proposición de Ley sobre Financiación de Partidos Políticos en la Comisión Constitucional del Congreso. Aunque el PP aprobó ayer numerosos artículos, todo apunta a que votará en contra cuando en el pleno del próximo 10 de mayo se produzca la votación final, y previsiblemente hará lo mismo en el Senado.
Entre los cambios destacaron ayer las aportaciones del PNV sobre el régimen sancionador por parte del Tribunal de Cuentas. "Cuando un partido obtenga donaciones que contravengan las limitaciones establecidos en esta Ley, el Tribunal de Cuentas podrá proponer la imposición de una multa de cuantía equivalente al doble de la aportación ilegalmente percibida, que será deducida del siguiente libramiento de la subvención anual para sus gastos de funcionamiento", señala esa enmienda peneuvista.
En el paso de la proposición de ley de la ponencia a la Comisión ha aumentado la cantidad de dinero que un partido puede recibir en calidad de donaciones; de 90.000 euros por persona, física o jurídica y año, a 100.000. En el caso de las donaciones a las fundaciones se aumenta de 120.000 a 150.000.
Se mantiene la obligación de que los donantes sean públicos ya que la ley aunque significará un aumento considerable de dinero para los partidos busca la transparencia y, por tanto, el fin de las donaciones anónimas.
El portavoz socialista, Francisco Fernández Marugán, muñidor de la ley, junto a ERC, piensa que el PP se sale del acuerdo general "no por el contenido de la ley sino por la decisión de no pactar nada relevante con el PSOE"
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 19 de abril de 2007