El Juzgado de Instrucción número 1 de Cangas de Onís (Asturias) ha ordenado la apertura de juicio oral contra el alcalde de Ribadesella, José Miranda, del PP, como supuesto autor de sendos delitos contra la ordenación del territorio y de prevaricación urbanística tras haber otorgado licencia en 1999 a su esposa para construir varias edificaciones de turismo rural en una finca de su propiedad situada en la aldea de Sardéu, pese a formar parte de una reserva natural parcial y estar considerada como suelo no urbanizable de especial protección. El alcalde interpondrá recurso contra el auto.
Entre 2004 y 2005 se produjeron cuatro fallos judiciales contra la autorización de dichas construcciones. Ahora, según avanzó ayer la cadena SER, el regidor y su esposa han sido imputados en un supuesto delito contra la ordenación del territorio.
Además, al alcalde se le considera posible autor de otro delito de prevaricación urbanística, al no haberse abstenido en la decisión municipal que otorgó la licencia a su mujer y al considerarse en el auto que concedió licencia para la ejecución de "obras menores" supuestamente a sabiendas de su ilegalidad y de que el proyecto que se pretendía entrañaba realizar una nueva construcción. En mayo de 2005, el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Oviedo ordenó al Ayuntamiento de Ribadesella que procediera a "demoler las edificaciones ilegalmente levantadas", de acuerdo con una demanda planteada por el servicio jurídico del Principado de Asturias.
La esposa del alcalde solicitó hace ocho años una primera licencia para hacer "obras menores" en dos construcciones (una cabaña y un lagar) en una finca de su propiedad. Sin embargo, las obras consistieron en levantar dos construcciones dedicada a turismo rural.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 24 de abril de 2007