Después de un intenso debate interno, el PP ha decidido no tratar de impugnar las listas de ANV ni las más de 300 independientes. Ante el temor de que el Supremo desestimase esa solicitud por entender que sólo la fiscalía y la abogacía del Estado están legitimadas para reclamarlo, el PP prefirió evitar un varapalo jurídico y renunciar a esa opción.
Sin embargo, el principal partido de la oposición no ha querido quedarse quieto ante la evidencia de que el fiscal general sólo iba a recurrir una parte de las candidaturas de ANV. Por eso Ignacio Astarloa, secretario de Justicia del PP, presentó ayer ante la Sala del 61 del Supremo, la que debe decidir sobre la ilegalización, un voluminoso escrito con decenas de pruebas para que la sala pueda utilizarlas para actuar de oficio, algo inusual ante un tribunal.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de mayo de 2007