Para comprender la última polémica entre los constructores cordobeses y la Consejería de Cultura hace falta retroceder en el tiempo más de mil años. Córdoba experimentó un aumento demográfico impresionante en los siglos IX y X. Tanto que, durante el califato omeya, se convirtió en una de las urbes más pobladas del mundo. Se estima que en la ciudad residieron entre 250.000 y 500.000 habitantes. Algunos historiadores elevan la cifra hasta el millón de moradores.
Alrededor de la medina fueron surgiendo grandes arrabales, dotados de mezquitas y cementerios. En total, se estima que hubo 21 núcleos de este tipo repartidos por los cuatro puntos cardinales, según la Carta Arqueológica de Riesgo del Ayuntamiento de la ciudad. Con la desintegración del califato, poco a poco, esos arrabales se fueron despoblando y la ciudad, como si fuera un acordeón, volvió a sus antiguos límites. Aquellas periferias acabaron por convertirse en pequeños huertos, aunque en el subsuelo continuaba su pasado en forma de restos arqueológicos.
Tras desintegrarse el califato, los arrabales se fueron despoblando
El problema ha surgido cuando la ciudad ha vuelto a expandirse y los constructores han querido levantar nuevos edificios de viviendas a las afueras. ¿Y qué se debe hacer con los restos de los arrabales musulmanes? Algunos de esos barrios islámicos simplemente han desaparecido del mapa bajo el nuevo ladrillo en los últimos años. Pero la Consejería de Cultura no tiene la intención de que ocurra lo mismo en la zona de Poniente de la ciudad. El conflicto actual está, en concreto, en el área comprendida dentro del Plan Parcial O7 (PPO7), aprobado en la Gerencia de Urbanismo. La Asociación de Empresarios de la Construcción de Córdoba acusa a Cultura de poner trabas a la edificación de 2.500 viviendas en esa zona por obligar a la conservación de restos arqueológicos.
"Eso se traduce en que al final va a suponer en muchos casos la imposibilidad material de promover la edificación", asegura Francisco Carmona, secretario general de esa organización de constructores. Por su parte, Mercedes Mudarra, delegada de la Consejería de Cultura, sostiene que no se ha paralizado ningún proyecto por la aparición de restos y que todos siguen su trámite dentro de la comisión específica que estudia ese plan.
Según la memoria del PPO7, fechada en septiembre de 2004, en ese sector de casi 358.000 metros cuadrados de superficie existió un arrabal islámico durante los siglos IX y X, "que desapareció con la rebelión berebere de comienzos del siglo XI". En el informe arqueológico de la memoria se añade que, como consecuencia de las actuaciones realizadas en los últimos 15 años en la zona, "se han documentado multitud de hallazgos arqueológicos correspondientes a enterramientos, monumentos funerarios, necrópolis romanas, restos cerámicos, asentamientos rurales árabes y almunias, restos de villas romanas, cimentaciones de arrabales, restos de vías y un largo etcétera entre el que se incluye hasta una mezquita".
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Córdoba establece que esa zona es urbanizable. Según Carmona, en el PPO7 se delimitó qué áreas contenían en el subsuelo restos de consideración. "Donde había restos de importancia se fijó que se levantarían parques, infraestructuras y viales para preservarlos", añade. "El problema es que ha habido un cambio de criterio por parte de Cultura y nos obligan a preservar todo", afirma Carmona. "Es un cambio de criterio después de la aprobación del PGOU", agrega.
Sin embargo, la delegada de Cultura sostiene que no se ha modificado la postura de la Junta en este asunto. Para Mudarra, "el sistema de trabajo es absolutamente el mismo con el que se ha venido haciendo, es decir, la aplicación rigurosa de la legalidad". Y la ley establece que "si se abre y hay restos, hay que seguir trabajando en extensión", es decir, excavar toda la parcela. Según Mudarra, el área de Poniente "es una zona saturada de restos arqueológicos".
En medio de las dos posturas trata de situarse Desiderio Vaquerizo, catedrático de Arqueología de la Universidad de Córdoba que participa en algunos proyectos con el Ayuntamiento. Para Vaquerizo, "las posturas se han radicalizado" en este asunto. Apuesta por mantener el equilibrio entre conservación y desarrollo urbanístico y reclama que este debate sea "fuera de los medios de comunicación porque al ciudadano se le traslada la idea de que la arqueología molesta y cuesta dinero". Además, aboga por que, "de una vez", se ponga en marcha un gran "pacto de ciudad" sobre el futuro arqueológico que se quiere para Córdoba.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 5 de mayo de 2007