El vicesecretario regional del PP en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, eludió ayer valorar las declaraciones realizadas por una concejal de su partido en Argelita (Castellón), Avelina Chiva, quien reconoció que la decisión de hinchar el padrón municipal no fue una iniciativa propia si no de "los que mandan" en la formación. Costa tampoco negó que la dirección del PP provincial sea la responsable de las instrucciones transmitidas a varios municipios que han registrado un aumento significativo de sus censos electorales en los últimos meses. "Yo no soy quién para decir si esta señora miente", dijo y apuntó: "Si nos piden información, la daremos", en referencia a las investigaciones que están desarrollando el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la fiscalía. "Quien quiera acusar al PP de algo, que lo ponga de manifiesto y nosotros le ofreceremos la información y colaboraremos con los organismos oficiales, como siempre hemos hecho", añadió Costa que aseguró que el INE ha declarado que la situación en determinados censos denunciados por el PSOE es "perfectamente correcta", pero obvió referirse al caso de Cabanes, denunciado por Esquerra Unida, que ya ha sido trasladado a la fiscalía. En cualquier caso, el vicesecretario regional del PP transmitió el mensaje que de que el PP nacional apoya al provincial.
Defensa de Fabra
Costa defendió a Carlos Fabra, imputado por varios delitos contra la Administración pública y un presunto fraude fiscal y sostuvo que "ha supuesto la garantía de éxito de la provincia de Castellón y del PP". Vicente Rambla, portavoz del Consell tampoco quiso hablar de las supuestas instrucciones para hinchar censos, solo dijo que ni conoce ni está "en el detalle" de lo ocurrido en Argelita.
El INE ha recibido ya, por otra parte, el informe del Ayuntamiento de Fanzara en el que debía justificar que los cerca de un centenar de nuevos empadronados viven donde dicen vivir, aunque en algunos casos sea en casas abandonadas. Fuentes del organismo indicaron que los técnicos estudian el informe y habrá que esperar a sus conclusiones para decidir si se archiva el caso o se remite a la fiscalía.
El cruce de acusaciones sobre los censos ha llegado hasta Morella, donde el PP denunció el empadronamiento de 192 personas durante 2006, cuando el INE tenía registrados 65. El Ayuntamiento morellano explicó que el PP sólo ha tenido en cuenta las altas en el padrón sin restar las bajas, que otorgan, como diferencia, el número de nuevos censados que coincide con los datos del INE.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 5 de mayo de 2007