El PNV resucitó ayer en el Parlamento un viejo fantasma: la reclamación de competencias en materia de vivienda para las tres diputaciones. Con ocasión de la celebración de un debate sobre la materia en la Cámara, los partidos fueron tomando posiciones con vistas al que en los próximos meses se va a mantener allí en torno al proyecto de ley de Vivienda Protegida, que está preparando el departamento de Javier Madrazo. Con su reclamación, el PNV avanza alguna de sus inquietudes para que se tengan más en cuenta que las que realizó en la ley de Suelo y que fueron desestimadas en su mayor parte.
MÁS INFORMACIÓN
El Parlamento aprobó ayer una propuesta transaccionada entre el tripartito, el PSE y Aralar para que el Gobierno destine al mercado del alquiler al menos el 50% de la vivienda protegida que construya. El debate de esta propuesta fue aprovechado por los grupos para presentar de una manera más o menos formal sus aspiraciones y propuestas para una meta mucho más ambiciosa: el proyecto de ley de Vivienda Protegida. Esta norma debe servir, junto a la ley de Suelo, para cerrar el círculo en torno a la ordenación urbanística.
En el anterior debate de la ley de Suelo, las propuestas del PNV no encontraron hueco debido al pacto suscrito entre Ezker Batua, que dirige el Departamento de Vivienda, y el PSE, que permitió su aprobación final. Los nacionalistas mantuvieron la incógnita sobre su apoyo casi hasta el último momento. Ahora no quiere que le pase lo mismo y vuelve a la carga con una de sus reivindicaciones más queridas: otorgar competencias en la materia a las tres diputaciones.
En la actualidad, los gobiernos forales pueden promover viviendas, pero la normativa resulta muy dispersa y poco clara. Un ejemplo de ello es lo que ocurrió con el plan foral de vivienda protegida impulsado por la Diputación de Vizcaya esta legislatura. El departamento que encabeza Javier Madrazo se enfrentó a la Diputación por entender que ésta calificaba de protegidas viviendas que no podían recibir esa consideración.
El parlamentario del PNV y portavoz de este grupo en todo lo relacionado con la vivienda, Juan Antonio Arieta-Araunabeña, desgranó una serie de medidas durante su intervención para resolver el problema. En su opinión, la solución no sólo va a venir de la mano de un aumento presupuestario. Por un lado, planteó analizar fórmulas de concesión de suelo a las cajas de ahorro para que sean estas las que construyan las viviendas. Y, por otro lado, abogó por dar competencias en esa materia a las diputaciones forales y por pactar con éstas y con los ayuntamientos un modelo de financiación de la vivienda protegida, incluida la de alquiler social.
Toda para alquiler
Arieta-Araunabeña consideró que "la vivienda protegida debe ser financiada por las propias operaciones urbanísticas" y que toda ella debe ser destinada al alquiler, excepto la que se califica como tasada (el promotor llega a un acuerdo con la Administración sobre el precio de venta, que es superior al de un piso protegido clásico). Es decir, se trata del mismo planteamiento que realizó en el debate de la ley de Suelo y que no llegó a prosperar.
El representante de Ezker Batua, Oskar Matute, no entró en ese debate y se limitó a defender la política que lleva desarrollando en los últimos años el Departamento de Vivienda y que resumió en dos cifras: en 2001, cuando EB se hizo cargo de esa cartera, sólo existían en la comunidad autónoma 740 pisos en alquiler protegido, mientras que a finales de 2006 se elevaban a unos 8.000. Si no hay más viviendas en alquiler social, recalcó, no es por falta de presupuesto, sino por la mentalidad de los demandantes de vivienda, que de forma mayoritaria prefieren tener un piso en propiedad.
Desde el PSE, Jesús Loza advirtió de que el Plan Director de Vivienda 2006-09 no ha cumplido en su primer año de vigencia con el objetivo marcado para el alquiler y por eso reclamó incrementos presupuestarios para hacer efectivo el acuerdo de llegar al 50%. Loza destacó que en este primer año no se ha cumplido el acuerdo y sólo un 43% de las viviendas protegidas iniciadas se han destinado al alquiler social.
Por el momento, el borrador del proyecto de ley garantiza que todos los ciudadanos podrán acceder a un piso en alquiler. En el caso de que no haya en el mercado protegido, el Gobierno complementará con ayudas para poder acceder al sector privado en casos concretos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 5 de mayo de 2007