La Dirección General de Protección al Menor y la Familia del Gobierno de Canarias interpuso ayer una denuncia por sustracción de menores contra la familia que tiene a la niña de cinco años bajo el nombre supuesto de Piedad. Ayer se cumplió el plazo de 24 horas dado por la Audiencia Provincial de Las Palmas para que entregaran a la pequeña, que debe ingresar en un centro de la isla de Gran Canaria, donde retomará su relación con la madre biológica. Pero sigue en paradero desconocido.
El abogado de esta familia y exFiscal de Menores, Juan Manuel Fernández del Torco, considera que sus clientes no tienen que entregar a la niña hasta que los tribunales se pronuncien contra los dos recursos presentados, el primero contra la sentencia de la jueza de Las Palmas, que dio la razón a la madre biológica, y el segundo contra el exhorto de la Audiencia Provincial, que ordenó la entrega en 24 horas "improrrogables", que expiraron ayer.
La Dirección General del Menor reconoció en un comunicado que "no tiene conocimiento, desde el pasado 16 de abril, del estado psicológico de la niña" y recuerda que su papel "no es el de la retirada de la menor, que corresponde al ámbito judicial, sino ofrecer apoyo psicológico a la niña y la familia, de tal forma que se logre el menor impacto emocional posible en todo el proceso de reintegración de la menor al entorno de su familia biológica".
En un primer momento, la Dirección General del Menor, que tiene la guardia y tutela de la niña, se postuló a favor de la familia que acoge a Piedad. La postura cambió cuando la familia divulgó el caso ante los medios de comunicación, interpuso constantes recursos contra los tribunales, rechazó integrar a la niña en un programa de intervención psicosocial y la ocultó cuando acudieron en su busca agentes de la Guardia Civil y funcionarios.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 5 de mayo de 2007