El Estatuto de Autonomía establece que la inversión del Estado en materia de infraestructuras en Cataluña debe equipararse al peso de producto interior bruto (PIB) catalán en el conjunto de España, el 18,8%. Pero, para calcular cuánto dinero significa este porcentaje, la Generalitat y el Gobierno central se sentaron ayer a negociar qué se entiende por infraestructura.
En la primera reunión de un grupo de trabajo formado por expertos de la Generalitat y del Gobierno central, los representantes catalanes presentaron un informe en el que piden al Estado que no sea "tan restrictivo" y no ciña el concepto infraestructuras a los gastos correspondientes a los ministerios de Fomento y Medio Ambiente
según fuentes del Departamento de Economía y Finanzas. Las mismas fuentes destacaron la "buena disposición" que han encontrado en sus interlocutores del Gobierno central.
Cuanto más amplio sea el significado que se otorgue a este concepto, mayor es la partida que le correspondería a Cataluña. El consejero de Economía, Antoni Castells, explicó que la comisión que comenzó a trabajar ayer definirá qué metodología se utiliza para aplicar el Estatuto en materia de inversiones del Estado, es decir, cómo se calcula el nivel de gasto. El método resultante se utilizará por primera vez en los Presupuestos Generales del Estado de 2008.
El Gobierno catalán cuenta a su favor con algunos informes que ven restrictivo el criterio que el Ejecutivo central ha utilizado este año para calcular la inversión en Cataluña. Germà Bel, catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona, explica: "No hay base para constreñir el concepto infraestructura a dos sectores como el transporte y el medio ambiente, aunque son muy importantes".
Núria Bosch, catedrática de Hacienda Pública de la UB, y la profesora Marta Espasa también aseguran que el Gobierno central utiliza un criterio "muy restrictivo" para calcular la inversión en infraestructura.
La inversión real del Estado en Cataluña en 2007 asciende a 2.957 millones de euros, lo que representa el 14% de la inversión total del Estado. La brecha entre este 14% y el 18,8% -que manda el Estatuto- se cubre con unas transferencias de capital y dotaciones extraordinarias, que elevan el montante hasta 3.195 millones.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 8 de mayo de 2007