El juicio por la descapitalización de la empresa Grand Tibidabo se iniciará el próximo 10 de diciembre en la Audiencia de Barcelona y durará varios meses. Para entonces habrán pasado más de 13 años desde el descubrimiento de los hechos, que llevó a la cárcel al financiero Javier de la Rosa. El fiscal solicita para él penas que suman 13 años y 8 meses de cárcel por la desaparición de 180 millones de euros de la compañía entre 1991 y 1993.
En el banquillo de los acusados se sentarán otras siete personas, entre las que figura Mercedes Misol, esposa de De la Rosa, y el ex diplomático Manuel Prado y Colón de Carvajal.
El caso fue investigado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona y debería haberlo juzgado la Sección Segunda, pero el tribunal decidió abstenerse al considerar que estaba contaminado porque había resuelto numerosos recursos y para eso había tenido que entrar en el fondo del asunto.
Finalmente el caso será juzgado por la Sección Tercera, que ayer dio a conocer un auto en el que recuerda que hace un año que tenía pendiente de señalamiento el juicio y que si no lo ha hecho antes ha sido por varios motivos. Uno de ellos es lo que el tribunal define como "errores e importantes omisiones cometidos por el juzgado de instrucción" que han sido subsanados en este tiempo.
Además del fiscal y del abogado del Estado, en el caso están personadas otras 11 acusaciones particulares que defienden los intereses de los accionistas de la compañía o de particulares que resultaron perjudicados por aquellas operaciones. Entre esos acusadores figuran los empresarios de la familia Juncadella.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 12 de mayo de 2007