Alberto Fernández Díaz (PP) está persuadido de que en Barcelona coexisten dos ciudades. Una, la de
"los delincuentes, incívicos y okupas". Otra, "la de los ciudadanos normales que están del lado de la ley y pagan sus impuestos". El candidato popular reiteró ayer esta idea durante la presentación de su programa de Seguridad y Justicia, el eje sobre el que gira gran parte de su estrategia electoral. También fue el día en el que se le oyeron los reproches más duros contra el alcalde Jordi Hereu, al que culpó de "la delincuencia y la inseguridad que hay en la ciudad" por los tres años que el socialista estuvo al mando del área de Seguridad.
En el apartado de las promesas electorales, el alcaldable popular propuso contratar a 1.000 nuevos agentes de la Guardia Urbana en los próximos cinco años, que se unirían a los 2.300 que hay en la actualidad. Fernández Díaz no dijo cuánto costarían a las arcas municipales las nuevas contrataciones. "Es factible", se limitó a decir. El popular explicó que bajo su mandato la Policía Local "no estará sólo para poner multas, como ahora, sino también para combatir la delincuencia". Fernández dijo, además, que forzará a la Generalitat a que despliegue 1.400 mossos d'esquadra en Barcelona "de forma inmediata". El candidato recogió así el testigo de una vieja reivindicación del ex alcalde Joan Clos.
Para completar su "ciudad de ley y orden", el alcaldable prometió instalar más cámaras de videovigilancia en zonas "especialmente conflictivas" y la creación de la figura del agente tutor para detectar a narcotraficantes en las proximidades de los colegios.
Fernández planteó que las dependencias judiciales del paseo de Lluís Companys se trasladen a la Ciudad de la Justicia de L'Hospitalet y que el espacio que dejen libre se destine a equipamientos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 15 de mayo de 2007