El abogado Carlos Querejeta, que lleva la defensa de José María Bravo, calificó de "excesiva" la decisión de la juez de ordenar el ingreso en prisión, eludible con una fianza de 400.000 euros. Una cantidad, dijo, que "no podrá pagar" su cliente. "Sorpresivamente, sin que hayan variado las circunstancias desde el lunes hasta hoy, se dicta esta medida que influye en nuestro derecho a la defensa", señaló al término de la diligencia judicial.
El letrado consideró "incongruente" que la juez no acordara ninguna medida contra José María Bravo el pasado lunes, cuando dictó el primer auto, y en cambio ayer ordenara su ingreso en prisión. Esta actuación fue adoptada por la magistrada a instancias de la Fiscalía, que pidió practicar la detención inmediata del principal acusado y decretar la prisión incondicional contra él.
También explicó que el ex director de la Hacienda de Irún no tiene ninguna intención de darse a la fuga, puesto que "todos los días ha estado llevando el mismo tipo de vida". Aseguró que venía acudiendo a su puesto de trabajo para "recopilar toda la documentación" necesaria para plantear su defensa.
Por su parte, la funcionaria de Hacienda Pilar Gracenea, que figura imputada en este caso de corrupción, anunció ayer que aportará una relación de todos sus bienes, junto con su origen, ante las "instancias oportunas" con la finalidad de "disipar cualquier tipo de dudas" sobre su persona. Asegura que su patrimonio es fruto de su trabajo y el de su esposo y que "en todo momento" se ha limitado a "efectuar las funciones asignadas a su puesto de trabajo".
Gracenea pide que no se le responsabilice de "actuaciones que le son ajenas" y recuerdas que ha sido la "primera interesada" en colaborar con la investigación para que los hechos "queden totalmente esclarecidos".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 19 de mayo de 2007