Ahora que, por fin, parece que la sociedad se ha concienciado del desmadre urbanístico al que hemos estado asistiendo de forma impasible durante los últimos 20 años. Ahora que, además, conocemos el daño (a veces irreparable) que sus efectos tienen sobre el medio ambiente y la conservación de los recursos naturales. Ahora, nos queda todavía una asignatura pendiente.
Mientras cientos de hectáreas de nuestro territorio, sobre todo litoral, han quedado inundadas de cemento y ladrillo en forma de urbanizaciones de nula calidad arquitectónica que se convierten en ciudades fantasma durante la mayor parte del año y que, otras tantas, se esconden bajo el manto continuo de plástico de los invernaderos, aún no nos hemos preguntado ¿qué ha pasado con el rico patrimonio arqueológico oculto en el subsuelo?
Desde el año 2002, el número de noticias periodísticas que han denunciado los abusos urbanísticos han ido creciendo en progresión geométrica. Sólo en el caso de las parcelaciones ilegales que afectaban al entorno de protección de Medinat Al-Zahara en Córdoba se ha planteado la conexión entre la preservación del patrimonio arqueológico y los procesos de urbanización descontrolada.
Cuando un proyecto urbanístico, aunque descabellado, cumple con todos los requisitos legales, al menos se asegura la presencia de profesionales de la arqueología, aunque en ocasiones se limiten a documentar hallazgos y dar carta blanca a su destrucción. Pensemos por un momento en lo que ocurre cuando los proyectos, además de infames, son ilegales y se saltan los trámites administrativos que garantizan esos mínimos controles.
Los lugares arqueológicos que aún no han sido identificados desaparecen bajo las palas excavadoras y, los demás, se ven acechados por ellas. El patrimonio arqueológico es de todos, impidamos que lo devoren un puñado de bolsillos insaciables.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 21 de mayo de 2007