Aparecen diariamente tantos casos de corrupción urbanística, de cargos públicos implicados en gestiones irregulares, que estamos empezando a normalizar de forma contraproducente estos comportamientos en la vida política y social. El gran problema no es que haya cargos políticos corruptos, sino que ante nuestros ojos estos hechos hayan empezado a formar parte de una cotidianidad que podamos asumir sin escandalizarnos. La conciencia puede servir de contrapeso ante lo inmoral, aunque cuando la conciencia de algunas personas se encuentra ante las rúbricas de ciertos cheques, lo moral y lo ético se esconden en una mano para no observar lo que hace la otra. Está claro, la corrupción urbanística empieza a ser un grave problema cuando aceptamos que es inevitable. Quizá lo moral y lo ético se escondan en las urnas, en el voto, instrumento que sirva para poner a cada uno en su sitio. Las inmediatas elecciones municipales y autonómicas deberían ser el ejercicio de algo más que un reparto de cargos políticos, es decir, necesitan equivaler a un castigo ejemplar a todos aquellos cargos públicos que estén bajo sospecha fehaciente de haber utilizado la vivienda y el urbanismo para obtener beneficios económicos o haber llevado a cabo prevaricación evidente. Es necesario reivindicar el derecho a escandalizarse por la corrupción urbanística. ¿Un voto vale más que cien ladrillos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 23 de mayo de 2007