El armazón legislativo que ampara la gestión privada de la sanidad pública ya está completo. El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publicó ayer un decreto que refuerza la apuesta del Consell por la cesión al sector privado de amplias parcelas de la sanidad pública. La norma sobre estructura, organización y funcionamiento de la atención sanitaria en la Comunidad Valenciana establece que la gestión de todos los centros y servicios "podrá llevarse a cabo directa o indirectamente a través de cualquier entidad de titularidad pública o privada admitidas en derecho".
No es que se trate de una apuesta novedosa. La Ley de Ordenación Sanitaria (LOS), del año 2003, abrió este camino. De forma algo más minuciosa que el reglamento, uno de sus artículos establece que la gestión y administración de los "centros, servicios y establecimientos sanitarios" podrán llevarse a cabo "directamente o indirectamente con medios propios o ajenos, públicos o privados, mediante cualesquiera entidades admitidas en derecho, así como a través de la constitución de concesiones administrativas, consorcios, fundaciones, empresas públicas u otros entes dotados de personalidad jurídica propia".
El reglamento desarrolla los planteamientos de la Ley de Ordenación Sanitaria de 2003
Cuatro días antes de la celebración de las elecciones autonómicas y municipales y cuatro años después de publicarse la ley que desarrolla, el Consell ha decidido consolidar esta apuesta por la gestión privada que ya hizo explícita con la LOS. Y lo ha hecho mediante el desarrollo de un estrato normativo inferior como es el decreto.
Como en el caso de la Ley de Ordenación Sanitaria, el reglamento llega después de que buena parte de las medidas que se definen ya se hayan llevado a la práctica. En 2003, la LOS incluyó legalmente por primera vez la fórmula de la concesión administrativa. Pero desde enero de 1999 ya funcionaba el hospital de Alzira controlado por una unión de empresas dirigidas por Adeslas bajo esta misma fórmula jurídica. En estos momentos, el hospital de Torrevieja también funciona bajo este modelo (desde octubre de 2006) y hay otros tres centros y departamentos sanitarios -Dénia, Elche-Crevillente y Manises- que seguirán el mismo destino. De no cederse más segmentos sanitarios a la iniciativa privada, en 2009 la salud del 20% de los ciudadanos (860.000 habitantes) estará controlada por empresas.
El reglamento publicado ayer define aspectos como la composición de los centros de salud, la puesta en marcha de centros sanitarios integrados o estructuras directivas de los departamentos de salud
y articula el impulso de la autonomía en la gestión clínica, unos aspectos que, de hecho, ya funcionan. Especialmente desde que el anterior consejero de Sanidad, Vicente Rambla, estableciera unas reglas de competencia entre hospitales y financiación por objetivos, que se sostenía en el incremento de autonomía de las áreas sanitarias y sus gerentes.
En la introducción que justifica la nueva norma, Sanidad sostiene que su redacción responde a la "aparición de nuevas modalidades asistenciales" y la necesaria "adaptación organizativa de todos los centros asistenciales a la LOS" que viene definida por la división territorial y funcional establecida por los 22 departamentos de salud.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 24 de mayo de 2007