La asociación que agrupa a las empresas gasistas (Sedigas) mantiene contactos con el Ministerio de Industria ante la desaparición, el 1 de enero de 2008, de las tarifas reguladas en el sector. La clave de la negociación, ante la próxima aprobación de la nueva ley del sector de hidrocarburos, será la implantación de la llamada "tarifa de último recurso", a la que podrán acogerse más de seis millones de clientes, entre usuarios domésticos y pequeña industria. Actualmente, un 43% de los clientes residenciales han elegido suministrador y no dependen de las tarifas oficiales.
Aunque la denominación de "tarifa de último recurso" se presta a confusión, la nueva tarifa, según explicó ayer el presidente de Sedigas, Antoni Peris, será, previsiblemente, más elevada que la que ofrezcan las empresas a los clientes en el mercado liberalizado. La ventaja para el usuario doméstico será que la tarifa será fija durante el periodo de tiempo que finalmente decida Industria en el desarrollo reglamentario de la nueva ley. El inconveniente, que no recogerá las oscilaciones -y posibles rebajas- del producto en los mercados internacionales. Claro que para un usuario medio, el ahorro puede ser mínimo. Sedigas celebrará mañana y el viernes su reunión anual.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 6 de junio de 2007