El Ministerio del Interior ha decidido mantener el nivel dos de alerta antiterrorista, ya activado ante el riesgo de un atentado islamista por el juicio del 11-M, tras conocer el comunicado de ETA que formaliza el final de la tregua. Sin embargo, en los últimos días se han dado instrucciones a los delegados del Gobierno para que los escoltas de cargos públicos extremen la vigilancia. Hace menos de dos meses, guardaespaldas de las fuerzas de seguridad y los privados recibieron una comunicación idéntica. Lo que ningún guardia o policía se atreve a decir es qué hará ETA, si atentará en breve o se tomará su tiempo, o si volverá a matar o volverá al ataque alarmista con aviso previo. Creen, eso sí, que lo hará "lo antes que pueda".
La ruptura oficial del alto el fuego era esperada desde hace semanas y se daba por hecha hace unos días. El Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA) había llegado a esa conclusión firme tras analizar los datos sobre ETA recabados por todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Además, los informes que los servicios de Información del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil habían hecho llegar al Gobierno iban en el mismo sentido pesimista.
La Ertzaintza ya venía advirtiendo desde hace semanas a sus agentes de la inminente vuelta de ETA al terror, por lo que se urgía a los funcionarios a extremar la autoprotección. Anoche, ni la policía ni la Guardia Civil habían recibido oficialmente una advertencia en ese sentido, según fuentes de ambos cuerpos. Éstas precisaron que, por si acaso, desde hace unas semanas todos habían vuelto a ir siempre armados.
Mano dura
El nivel de alerta 2, a un sólo paso del más grave, supone una mayor vigilancia en centros neurálgicos, nudos de transporte, instalaciones estratégicas y zonas de gran concentración de personas, y un aumento de la presencia policial disuasoria en las calles. Las fuentes consultadas aseguran que los servicios antiterroristas "no han bajado la guardia en ningún momento" y que las estructuras de lucha contra ETA están intactas. Los mismos medios agregan que, tanto ayer como en días precedentes, han reclamado al Gobierno "mano dura" contra la banda y que el Ejecutivo está dispuesto a dar a ETA "una respuesta potente".
En este ambiente, el Sindicato Unificado de Policía y la Asociación Unificada de Guardias Civiles exigieron al Gobierno una respuesta contundente a ETA, cuya primera medida debería ser devolver a la cárcel al etarra Ignacio de Juana. Ambas organizaciones también coinciden con la Confederación Española de Policía en reclamar la unidad de los partidos democráticos y "firmeza" del Gobierno contra ETA.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 6 de junio de 2007