Maite Granado despertó de la operación sin el pecho derecho. El cirujano se lo extirpó porque descubrió un tumor maligno de tres centímetros. La mastectomía fue realizada adecuadamente. Pero nadie informó a Maite de que iban a amputarle la mama. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le da la razón y ha condenado al Servicio de Salud Madrileño (Sermas) a pagar una indemnización de 36.000 euros.
Maite tenía 29 años cuando descubrió un bulto sospechoso en una mama. De eso hace ocho años. Acudió a la consulta del ambulatorio de Quintana y el cirujano que la atendió le quitó hierro al asunto. Le dijo que probablemente no iba a tratarse de un tumor maligno, pero la instó a pasar por el quirófano para extirpar el nódulo y analizarlo.
En febrero de 1999 ingresó en el hospital Puerta de Hierro. Antes de la operación tuvo que firmar la hoja de consentimiento. Lo que la paciente autorizó fue la extirpación del nódulo y una biopsia de la adenopatía. Iban a analizar el bulto mientras ella dormía y, si era un tumor maligno, dijo el cirujano, informarían a la familia antes de limpiarle con mayor profundidad la zona afectada. Pero en ningún caso se habló de extirpar la mama.
¿Dónde está la familia?
"Cuando me desperté, mi familia me dijo lo que había pasado. Pero nadie les había pedido consentimiento", explica Maite, que ahora tiene 37 años y es madre de una niña. "Se hizo lo correcto, el bulto era maligno y había que extirparlo. Pero yo o mi familia teníamos que haberlo autorizado", añade. En la sentencia, de carácter firme, la perito señala que "esta ausencia de información específica produce efectos perjudiciales en la evolución posterior de la enfermedad", ya que "una situación estresante disminuye el sistema inmunológico".
Según la versión del hospital, tras realizar la biopsia y estando la paciente todavía dormida, el equipo médico trató de ponerse en contacto con la familia de Maite. Pero no encontraron a nadie y le hicieron la mastectomía sin su autorización. "Mi familia estaba en la sala de espera. No entiendo esa historia que han contado", denuncia ella.
Maite se puso en contacto con la Asociación del Defensor del Paciente y denunció el caso. El TSJM considera que el hospital ha causado "un daño al derecho de la autodeterminación de la paciente" y ha condenado al Sermas a pagar 36.000 euros. La consejería de Sanidad acata el fallo y no quiso ayer pronunciarse. "El dinero me da igual. Quería que quedara constancia para que no le pase a otras personas", dice Maite.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 6 de junio de 2007