¿Cuánto vale la vida de un niño? ¿Y el tiempo que su familia debe dedicar a cuidarle? En los códigos no hay cifras para los casos de negligencias médicas, y la cantidad de las indemnizaciones depende de la experiencia o sensibilidad de los jueces, o de las analogías con otros casos, como los accidentes de tráfico. La sentencia que ha dictado la Audiencia Provincial de Madrid en el caso del pequeño Iván Escribano es de las mayores que se conocen. La cifra se acerca al millón de euros, que se justifica por la gravísima incapacidad que sufre el pequeño. En los archivos hay pocas sentencias de este importe.
En el gran proceso contra el anestesista Juan Maeso, condenado por infectar con el virus de la hepatitis C a 275 personas en Valencia, la suma de las indemnizaciones es de 20,4 millones. Como en el caso de Madrid, los pagos se reparten entre los seguros de los profesionales y los de los centros. Individualmente, un caso muy parecido al de Iván Escribano acabó con una condena de más de un millón de euros. La sentencia también se refería a un caso ocurrido en la Comunidad de Madrid, condenada a pagar 1.141.919 euros a una familia también por una atención deficiente en un parto. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictó esta sentencia en diciembre pasado. La afectada, una niña que ahora tiene 15 años, sufre un 75% de minusvalía por la mala atención sanitaria que recibió al nacer en el hospital La Paz, informa Lydia Garrido.
Precisamente los ginecólogos y obstetras son uno de los grupos profesionales que con más frecuencia son demandados por sus pacientes. Un informe elaborado por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia calcula que un tercio de sus asociados ha sido demandado alguna vez en los últimos 10 años. El importe total de las indemnizaciones abonadas asciende a unos 35 millones de euros.
Las indemnizaciones y los juicios van en aumento, según las sociedades profesionales y los colegios. Los pacientes están cada vez más dispuestos a acudir a los tribunales. Por eso para la Organización Médica Colegial es fundamental que el Ministerio de Sanidad cumpla uno de sus propósitos para esta legislatura: llegar a un acuerdo para crear una tabla de indemnizaciones en función del daño causado (lo que en el argot de las compañías de seguros se llama baremar). Con ello no se evitarán los procesos ni los pagos, pero se establecerán unas pautas comunes que permitirán que todos -pacientes, profesionales, aseguradoras, colegios, abogados, jueces y administraciones- puedan prever el importe que haya que satisfacer por un daño causado. Con este sistema, según los expertos, se evitarían o agilizarían los procesos, ya que sería más fácil predecir el importe que se baraja. La falta de sorpresas sería en sí misma una garantía.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 6 de junio de 2007