Ya se sabía antes de empezar el juicio por el caso Funeraria que las sesiones en la Audiencia Provincial serían muchas y farragosas. Así fue ayer. Era el segundo día del juicio contra nueve personas que presuntamente privatizaron irregularmente la Empresa Mixta de Servicios Funerarios del Ayuntamiento de Madrid en 1992, cuando el Consistorio estaba en manos de José María Álvarez del Manzano, del PP.
Era la jornada en la que declaró el actual presidente de Funespaña y antiguo abogado del Ayuntamiento, José Ignacio Rodrigo. Él fue quien, supuestamente, firmó la venta a Funespaña y se aprovechó, más tarde, de sus conocimientos sobre la operación: se hizo con un importante paquete de acciones y logró la presidencia de una empresa que, tras la privatización, empezó a ganar dinero a raudales.
La fiscalía tenía, por ello, gran interés en su figura, e invirtió toda la mañana en interrogarle. Seguir el hilo del entramado de empresas y facturas fue, muchas veces, muy difícil. El día antes había declarado Luis María Huete, primer teniente de alcalde de la época. Él había admitido que la venta de la funeraria, que se hizo por tan sólo 100 pesetas, tuvo un precio "simbólico". A cambio, Funespaña "asumiría la deuda y haría una ampliación de capital". Pues bien, el Consistorio liberó a la empresa del pago de esa deuda (2.274 millones de pesetas) tan sólo dos meses después de la venta, según reconoció el propio Huete.
Para la otra pata del acuerdo (la ampliación de capital) se necesitó una importante inyección económica de 200 millones de pesetas. Ésta salió, según las acusaciones, del bolsillo de Rodrigo. Como abogado municipal contactó, según la fiscalía, con los hermanos Ángel y Juan Antonio Valdivia, que estaban al frente de Funespaña antes de comprar la Empresa Mixta, "para asegurarse una importante participación lucrativa de la privatización". Y Rodrigo, si bien había declarado dos veces en sede judicial que prestó dinero a los Valdivia, ayer se retractó al negar haberles dejado 70 millones de pesetas. Sí reconoció, no obstante, haber adquirido un paquete de 10.000 acciones por 140 millones de pesetas.
Según el fiscal, Rodrigo tenía información privilegiada sobre la funeraria municipal y de "la posición favorable de sus responsables políticos a la privatización". Fue así como Rodrigo logró presuntamente una "ventaja" con la connivencia de Simón Viñals y Antonio Moreno, ex concejales del PP de entonces. La fiscalía cree que Rodrigo y los Valdivia pactaron que el primero pusiera el dinero de la ampliación. A cambio, Rodrigo "lograba una importante participación en el capital social que debería permanecer oculta para no poner en tela de juicio la licitud de las operaciones".
Manuel Benítez de Lugo, abogado de la acusación en representación del PSOE, dijo que el acuerdo entre Rodrigo y los Valdivia "fue una operación pergeñada mucho antes de la adjudicación a Funespaña". Juan Francisco Plá, el letrado que representa a IU, manifestó: "Es evidente que Rodrigo traspasó dinero a Valdivia para la ampliación". La abogada de Rodrigo no hizo declaraciones. Su cliente se enfrenta a 19 años de cárcel y 22 de inhabilitación.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 6 de junio de 2007