El juez que investiga el llamado caso Alba ha abierto diligencias para averiguar si la Dirección General de Atención a la Infancia (DGAIA) de la Generalitat actuó correctamente en su obligación de proteger a la niña de cuatro años, que fue víctima de una brutal paliza y quedó en estado grave durante varios meses.
El Juzgado de Instrucción número 6 de Cerdanyola del Vallès ha abierto esa investigación de forma separada al sumario en el que están imputados tanto Ana María C., la madre de la niña, como su pareja sentimental, Francisco Javier P. E. Este último fue quien, supuestamente, propinó la paliza a la menor después de que varias administraciones tuvieran conocimiento de que Alba era víctima de malos tratos en el ámbito familiar.
La decisión del juez llega a raíz de la querella presentada por la madre de Alba contra la DGAIA, a la que responsabiliza del maltrato sufrido por la menor. En su resolución, el juez pide la documentación sobre el caso al síndic de greuges, Rafael Ribó, así como al Departamento de Acción Social. Ambos organismos ya han respondido a este trámite.
En el informe que en su día elaboró sobre el caso Alba, el síndic de greuges culpó a la DGAIA de no ejercer su responsabilidad en la protección de la menor, y alertó de la descoordinación entre las administraciones que se encargan de la materia. El síndic responsabilizó especialmente al Departamento de Bienestar y Familia -ahora, de Acción Social-, puesto que fue el único que tuvo acceso a toda la información sobre las agresiones de las que fue víctima la niña, sin que esos indicios fueran correctamente interpretados por los servicios públicos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 9 de junio de 2007