La creación de la oficina antifraude que tantos problemas creó entre los partidos del Gobierno catalán en la anterior legislatura será sometida a la aprobación del Consell Executiu este mes, según anunció ayer en el Parlament el consejero de Gobernación, Joan Puigcercós. Esta oficina no funcionará "como un órgano represor", explicó, y servirá "para encaminar las relaciones entre las administraciones y el sector privado y las relaciones entre administraciones catalanas".
Puigcercós indicó que no tiene inconveniente en dialogar con la oposición para llegar "a un consenso amplio" que permita aprobar la ley con el máximo acuerdo posible.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 9 de junio de 2007