Acogiendo una petición del Estado peruano a la Corte Suprema chilena, el juez Urbano Marín ordenó ayer someter a arresto domiciliario al ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, con el fin de impedir una eventual fuga o intento de asilo después del fallo de la fiscalía favorable a su extradición a Lima, para que sea juzgado por diez casos de corrupción y dos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante sus tres mandatos.
El juez Marín, quien reemplaza temporalmente en el caso al magistrado Orlando Álvarez por licencia médica, accedió con rapidez a la solicitud de detención preventiva de Fujimori que presentó el abogado chileno Alfredo Etcheberry, representante de la fiscalía peruana en el juicio de extradición del ex gobernante.
Por orden del juez Marín, el secretario del Tribunal Superior, Carlos Meneses, fue hasta el apartamento que Fujimori alquila en la comuna de Las Condes, la más rica del país, para informarle de la medida. Una guardia de carabineros se instaló en la puerta del domicilio de quien gobernó con mano de hierro Perú entre los años 1990 y 2000.
La defensa del ex gobernante pidió que el arresto no se ejecutase en su propio domicilio, sino en la residencia de un amigo, situada en la zona norte de la capital, petición a la cual el juez accedió. Si bien Fujimori puede recibir visitas, permanecerá confinado mientras la justicia mantenga la medida.
En el escrito que presentó al juez, Etcheberry argumentó que tras el informe de la fiscal Mónica Maldonado, quien recomendó extraditar a Fujimori por dos casos de violaciones de derechos humanos y nueve de corrupción, y ante la proximidad del término del proceso de extradición es conveniente evitar cualquier intento suyo de eludir la justicia. "La contundencia de los antecedentes y la gravedad de los hechos [mencionados por la fiscal] hacen viable la petición", indica el escrito.
La condición de prófugo de la justicia peruana con que Fujimori llegó por sorpresa a Chile el 6 noviembre de 2005 aceleró la decisión del juez Marín. Una eventual fuga del ex gobernante o su asilo en la Embajada de Japón en Santiago implicaría un traspiés de repercusión internacional para el Estado y la justicia chilena. Fujimori ha reiterado ante la prensa que no piensa escaparse.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 9 de junio de 2007