La Agencia Catalana del Consumo, dependiente de la Generalitat, ha dejado en suspenso los expedientes sancionadores abiertos contra varias decenas de aerolíneas que operan en El Prat por el incumplimiento de distintas normas, como el hecho de que billetes, tarjetas de embarque y otros documentos no estén escritos en catalán. Las compañías y la Generalitat buscan una solución amistosa a los expedientes.
El Gobierno catalán ha prometido una aplicación flexible de la Ley de Política Lingüística a las empresas y, respondiendo a esta actitud, no sancionará que las aerolíneas no emitan en catalán billetes o tarjetas de embarque dada la complejidad técnica que ello requeriría en un sector global por excelencia y en plena era del billete comprado por Internet, explican fuentes empresariales. Pero hay otro tipo de irregularidades pendientes de solucionar, como la publicidad engañosa o las cláusulas abusivas.
British Airways, Lufthansa, Air France, Alitalia, Air Berlin, SAS y TAP son algunas de las compañías que fueron inspeccionadas por la Generalitat en 2006. En total, según explican las mismas fuentes, fueron expedientadas casi un centenar de líneas aéreas que vuelan a Barcelona, lo cual causó un enorme revuelo por las referencias que las actas hacían al uso del catalán. Uno de los expedientes, con fecha de 20 de octubre de 2006, señalaba: "Vulneración de los derechos lingüísticos de los consumidores y usuarios, dado que no constan redactados, al menos en catalán: el billete; la tarjeta de embarque; las condiciones generales de contratación no se encuentran a disposición inmediata de los clientes en ejemplares separados en catalán y en castellano", entre otros documentos. Estos hechos "pueden ser constitutivos de una infracción administrativa", continuaba el documento. Las sanciones por no usar el catalán ascienden hasta a 3.000 euros.
Las infracciones mayoritarias denunciadas por Consumo, no obstante, tenían que ver con la escasa información sobre los derechos del viajero, la carencia de hojas oficiales de reclamación o el hecho de que el precio del billete publicitado por la empresa no se correspondía con el precio final.
Consumo, que ahora depende del Departamento de Economía y Finanzas, al frente del cual está el consejero Antoni Castells, ha llevado a cabo una serie de reuniones con representantes de las aerolíneas afectadas para llegar a un acuerdo que permita retirar los expedientes sancionadores ahora en suspenso. Las compañías "han mejorado muchos aspectos, como la información al pasajero en el aeropuerto y el uso del catalán en carteles informativos o algunas páginas web", explican fuentes del sector, aunque aseguran que "es casi imposible" emitir billetes o tarjetas de embarque en catalán.
La Generalitat ha cambiado de estrategia en su campaña por la normalización lingüística en el comercio y, aunque asegura que seguirá aplicando las normas, ha prometido potenciar la colaboración y las medidas de incentivo frente a las sanciones.
Castells, el secretario de Política Financiera, Competencia y Consumo, Miquel Salazar, y el director de la Agencia Catalana de Consumo, Jordi Anguera, trasladaron el viernes este mensaje a varias organizaciones empresariales y de comercio. "Aplicaremos la normativa lingüística de manera proporcionada y ponderada", destacó Castells.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 10 de junio de 2007