La Generalitat notificó ayer a Acció Cultural del País Valencià (ACPV) la resolución del expediente administrativo abierto a la propietaria de los repetidores de TV3 en la que ordena el "cese inmediato" de las emisiones e impone una multa de 300.000 euros como responsable de una infracción "muy grave" de la ley de Ordenación de las Telecomunicaciones. La Generalitat concluye que ACPV es responsable de una infracción "muy grave" consistente en "la prestación en régimen de gestión indirecta de servicios de televisión por ondas terrestres sin la preceptiva concesión administrativa". La apertura del expediente está recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por entender que la Generalitat no es competente sino que lo es el Ministerio de Industria.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 13 de junio de 2007