La presión de las familias de los 43 muertos y otros tantos heridos en el accidente del metro de Valencia del 3 de julio de 2006 ha logrado reabrir la investigación judicial. La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, Nives Molina Gasset, de acuerdo con la fiscal del caso, decidió cerrarlo antes de las elecciones autonómicas por entender que el conductor del metro, fallecido en el descarrilamiento, era el responsable por exceso de velocidad y que no podía depurarse ninguna responsabilidad penal. Pero las familias se negaron a que se cerrara en falso un asunto del que consideran responsable a la Administración y en el que han solicitado la dimisión de la gerente del Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Marisa Gracia, y del consejero de Infraestructuras y Transportes, José Ramón García Antón.
La juez entiende ahora que la existencia de una baliza de frenado podía haber evitado el accidente. Pero también advierte de que esa no era una medida de seguridad obligatoria cuando se inauguró en 1988 la línea 1 del metro de Valencia ni lo ha sido posteriormente. Por ello, considera que no existen responsabilidades penales aunque pueda haberlas a efectos civiles, lo que se traduciría en indemnizaciones por mal funcionamiento de un servicio público.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 15 de junio de 2007