Leo en EL PAÍS que el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha reabierto la investigación del accidente de metro ocurrido el 3 de julio del pasado año, en el que murieron 43 personas, y ha ordenado practicar nuevas pruebas relacionadas con la formación del maquinista y las balizas de limitación de velocidad. Recapitulemos. Murió gente. Demasiada gente (una sola persona es demasiada gente). Gran parte de esa gente no entendía de balizas ni de capítulos de presupuestos de Gobierno central ni autonómico, ni de responsabilidades políticas derivadas de la falta de inversiones, ni de que sea más fácil abordar el tema por la vía jurídica de la responsabilidad penal o patrimonial de la Administración central o autonómica, echándole la culpa a quien debió formar y no formó, a quien debió asegurar y no aseguró la integridad de las personas que, confiadas de todo y ganadoras de nada, cogieron el tren ese día. Como lo cogió mi mujer unas horas antes y así lo hace todos los días. De Torrent eran el grueso de las víctimas. De Torrent, el pueblo trabajador del extrarradio de Valencia por el que vi desfilar por su maravillosa y refrescante avenida flanqueada de pinos, coches y coches de políticos de lunas tintadas el día de los funerales, yendo de tanatorio en iglesia, de iglesia en tanatorio, en un frenesí que ni ellos llegaban a comprender. Por esas personas que cometieron el error de viajar unas horas después que mi mujer, por la justicia (si es que aún existe), por favor, hágase la luz.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 16 de junio de 2007