Resulta peligroso que el poder inste a los medios de comunicación a la autorregulación a la hora de informar. Se presupone que en una sociedad libre la prensa debe ser responsable y cuando no lo es ya están los tribunales para castigarla. Por consiguiente, que el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, sostenga que tal vez los periodistas pueden estar provocando involuntariamente el efecto llamada en los potenciales agresores de mujeres víctimas de maltrato resulta díficil de entender. No hay nada que objetar a que el Gobierno se plantee convocar una reunión con representantes de los medios, pero no parece que la solución para hacer más eficaz la ley integral contra la violencia de género pase por un código de autorregulación periodístico. Como bien dice el presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, Fernando González Urbaneja, "los mensajeros no somos el agente propagador de la plaga". Será, por tanto, harto improbable que la noticia de un crimen de género sea silenciada. Sería, además, contraproducente porque daría pábulo a nuevas atrocidades.
Seguramente, tampoco el poder público querría llegar tan lejos. El Gobierno peca de ingenuo cuando cree que la promulgación de una norma sea cual sea su contenido tiene un efecto curativo inmediato. Ha ocurrido en el caso de la prevención de las agresiones machistas, pero también en políticas determinadas como la antiterrorista o la territorial. Y si fracasa busca culpables antes que hacer autocrítica. La violencia de género es un fenómeno enraízado en la sociedad. La ley vigente es en sí buena, pero hay que dotarla con más instrumentos judiciales antes que pedir a la prensa que se autorregule.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 22 de junio de 2007