El Colegio Nacional de Secretarios Judiciales expresó ayer su oposición a que se amplíen las competencias de notarios y registradores en materia de jurisdicción voluntaria, alegando que esa transformación, prevista en la nueva ley, conducirá a "una justicia para ricos y otra para pobres" y estará dominada por el Ejecutivo.
Fuentes del Colegio Nacional de Secretarios, que ayer clausuró en Valladolid las XXI jornadas de la Fe Pública Judicial, explicaron que un total de 23 procedimientos sobre actos de jurisdicción voluntaria relativos a testamentarías, declaraciones de herederos, expedientes de dominio, deslindes de bienes, etcétera, hasta ahora competencia de los jueces, pasarán a ser compartidas por secretarios judiciales, notarios y registradores.
Según los secretarios judiciales, los ciudadanos que dispongan de medios económicos podrán acudir al notario o al registrador, y los que no los tengan, tendrán que acudir a las oficinas judiciales. Los notarios, según el Colegio Nacional de Secretarios, realizan unas 70.000 declaraciones de herederos anuales, que a una media de entre 100 y 150 euros suponen unos 10 millones de euros al año. Además, según este colectivo, la jurisdicción voluntaria pasará a estar dominada por el Ejecutivo porque la dirección general de los Registros y el Notariado del Ministerio de Justicia podrá unificar criterios sin intervención de los tribunales.
Los secretarios judiciales propusieron también implantar los servicios comunes más básicos de la nueva oficina judicial, como el registro de asuntos, notificaciones de resoluciones y sentencias, embargos y otros actos de ejecución, auxilio judicial, etcétera.
También reclamaron la implantación de sistemas de gestión de calidad que se están aplicando ya en otras administraciones y que se adopten medidas "para pasar de un proceso esencialmente escrito a una justicia virtual, eliminando el papel y conectando telemáticamente al ciudadano con la oficina judicial".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 23 de junio de 2007