El teniente fiscal de Málaga, Antonio Morales, advirtió ayer de la gravedad del caso Alhaurín, con una veintena de supuestos implicados en una trama urbanística, y afirmó que "poner en duda las decisiones de los jueces es cuestionar el Estado de derecho". Por contra, la diputada del PP Celia Villalobos visitó ayer Alhaurín el Grande para "defender y apoyar" al alcalde, Juan Martín Serón, ante la "persecución" de la Fiscalía.
Morales explicó que en el caso de Alhaurín "se investigan hechos delictivos complejos y, si no es por la actuación sorpresiva, se eliminan elementos de prueba que se pueden localizar en los registros". Sobre las críticas políticas, afirmó que "difícilmente se puede opinar si no se conocen los hechos, ni su gravedad al estar en secreto las actuaciones".
"Se están investigando hechos gravísimos, conductas de cohecho y prevaricación, y hay que valorar la cuantía económica y los indicios de inculpación de las personas", añadió.
Insistió en que estos delitos son "complejos" y "gravísimos cuando están implicados funcionarios al frente de instituciones públicas que tienen que ser rigurosos en la aplicación de la ley". "Cuando una institución no funciona, causa unos perjuicios a la comunidad, crea una inseguridad jurídica y deriva en una situación de corrupción, por eso el Estado de Derecho actúa y son los jueces los que toman las decisiones, que son recurribles", dijo.
"Las que aquí se analizan son las conductas y si encajan en un hecho delictivo; y por supuesto se prescinde de ideología, de sentimiento religioso o de otro tipo de cuestiones al margen del cumplimiento estricto de la ley", aseveró.
Las explicaciones del teniente fiscal no sirvieron para acallar el discurso de Villalobos, quien acusó al PSOE de manipular a la policía y a la Fiscalía, de recurrir a las detenciones como forma de persecución política en municipios gobernados por el PP. Según dijo, el caso Alhaurín el Grande "supone la utilización del poder judicial más partidaria e impresentable de la democracia".
La diputada del PP añadió que la Fiscalía trata "como criminales, tanto al alcalde como a pequeños empresarios que hacen sus esfuerzos por conseguir un negocio y ganar unos beneficios". "Cuando se trata de municipios gobernados por el PP, la Fiscalía va más allá del deber", afirmó.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 24 de junio de 2007