La dirección andaluza de Izquierda Unida comunicó a la ejecutiva regional, celebrada el pasado lunes, el expediente de expulsión que la federación de izquierdas ha incoado a los concejales díscolos de Chiclana de la Frontera (Cádiz), Ardales, Mollina (Málaga) y Albolote (Granada), que incumplieron el acuerdo global que IU y PSOE alcanzaron en 121 municipios y tres diputaciones provinciales donde entre ambas formaciones sumaban mayorías de izquierdas.
"Dijimos que no gobernaríamos nunca con el Partido Popular y que no toleraríamos el avance de la derecha con nuestros votos", afirmó ayer el coordinador regional de IU, Diego Valderas.
El pacto entre socialistas e izquierdistas se ha incumplido en 22 municipios, 16 por culpa de IU, 6 por culpa del PSOE. El caso más llamativo ha ocurrido en Chiclana de la Frontera (70.000 habitantes) donde un pacto entre PP, IU, PA y PSA ha desalojado de la alcaldía al candidato del PSOE, José María Román, que encabezó la lista más votada. Los tres ediles de IU serán expulsados.
El secretario de organización del PSOE andaluz, Luis Pizarro, anunció el pasado lunes que llevará el caso ocurrido en este consistorio a la Mesa Nacional Antitransfuguismo. El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, le replicó ayer que los concejales de IU no son aún tránsfugas, al tiempo que recordó que el PSOE se negó, según dijo, a convocar hasta en 15 ocasiones esta mesa a petición del PP durante el anterior mandato municipal.
Falange
En Mollina (4.000 habitantes), IU ha pactado también con el PP contra el PSOE y se ha quedado con la alcaldía pese a ser la fuerza menos votada. En Ardales (2.558 habitantes), IU acabó con dos décadas de gobierno del PSOE, que repitió como lista más votada, al pactar con los dos concejales que obtuvo Falange Auténtica.
En Albolote (15.978 habitantes), sólo un concejal de IU votó al PSOE, mientras de los otros dos, uno se abstuvo y otro fue nulo, con lo que el PP, que fue la lista más votada, se quedó con la alcaldía.
En todos estos casos, el procedimiento está siendo el mismo. Los ediles expedientados tienen un plazo de 15 días para presentar alegaciones. Las ejecutivas provinciales de IU ratificarán las propuestas de resolución. Una vez que se haya decido la expulsión de los ediles, éstos tendrán otro plazo de 15 días para recurrir a la Comisión de Arbitraje y Garantías Democráticas de IU.
"Se ha iniciado el trámite de expulsión de estos militantes por desatender las directrices de la organización a la que pertenece, aunque los trámites y pasos deben completarse para que se den las garantías que establecen nuestros estatutos", dijo Valderas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 27 de junio de 2007