El Tribunal Supremo ha desestimado un recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Vigo y lo ha condenado a cumplir una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que obliga a las arcas municipales a indemnizar con más de un millón de euros a 40 taxistas afectados por una anulación de licencias en el año 1996.
Según informa Europa Press, el proceso se inició en 1992 cuando el consistorio vigués, presidido por el alcalde socialista Carlos Príncipe, amplió en 100 el número de licencias de clase A de autotaxis. Posteriormente, el TSXG, en 1993 y más tarde el Tribunal Supremo en 1996, anularon dicho acuerdo plenario por no estimar acreditada la necesidad de las nuevas plazas, lo que obligó a la devolución de las licencias.
A consecuencia de esta decisión, 40 afectados presentaron una demanda reclamando la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento y pidiendo una indemnización por pérdida de licencias y de trabajos y por daños morales.
La sentencia establece indemnizaciones de unos 26.500 euros a 30 afectados; 28.250 euros a seis taxistas; casi 25.000 euros a otros dos afectados; 19.700 a otro y 22.000 euros a otro afectado más.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 27 de junio de 2007