La Fiscalía de Valencia ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 18 una nueva comisión rogatoria a México. La representación pública quiere que esa comisión se dirija expresamente a que el representante del Auditorio Nacional, Luis Norberto Cacho Pérez, aporte el contrato de uso del auditorio en cuestión. Además, la Fiscalía quiere que se le exhiba la documentación existente sobre la celebración del cocierto del Julio Iglesias, en el marco del acuerdo suscrito con el Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) y que indique si los conceptos que en ellos figuran obedecen a pagos efectuados por la empresa Rac Producciones al auditorio.
La fiscalía solicita además que se tome testimonio a Rafael Santos Pérez, representante de Rac Producciones, respecto a los contratos elaborados por esta sociedad con el Ivex y con la Fundación México Unido. El ministerio público quiere que la mercantil International Concert justifique la realidad de los contratos y la efectiva ejecución de los mismos.
El fiscal adscrito al caso Ivex solicita igualmente que el representante legal de José María Tabares, director del Ivex cuando se alcanzó el acuerdo con el cantante y cuyas operaciones están bajo sospecha e imputado en la causa, facilite su domicilio. En caso de no ser así, dice el fiscal, corresponde que se oficie su localización y detención inmediata. Tabares ya fue condenado a cinco años de prisión por un delito de estafa por la sección quinta de la Audiencia de Valencia por operaciones irregulares en las que usó la institución. La Audiencia dictó ya hace meses su inmediato ingreso en prisión. La notificación no le ha podido ser entregada porque Tabares no está en su domicilio.
En el mismo escrito, el fiscal solicita que de forma inmediata se designe un perito auditor con el objetivo de que realice un informe sobre si las facturas abonadas por el Ivex respecto a actuaciones del cantante Julio Iglesias, corresponden a servicios efectivamente prestados. Y, de forma especial, la fiscalía se refiere a los eventos de México. Del mismo modo, el ministerio público quiere que el perito auditor acredite cómo se pagó ese evento, si se pagó, como se contabilizó y si la forma de hacerlo corresponde a los criterios exigidos por la normativa contable a un organismo de la naturaleza del Ivex.
El fiscal deja claro que conoce los tiempos que supone la comisión rogatoria, de hecho, la última ha tenido paralizado el asunto casi diez meses, de manera que en esta ocasión considera que el nombramiento del perito auditor y las responsabilidades que se le asignen respecto a la documentación de la que se dispone es independiente del resultado de la comisión rogatoria. En todo caso, del resultado de la misma se puede añadir la exploración de nuevos documentos o en su caso requerir aquellos de los que no se disponen para que se examinen.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 7 de julio de 2007