Jeanette Reihana Jeelo, empleada de servicio de la Embajada de España en Irak desde hace más de 10 años, y Moreen Eesho Binyameen Jeelo, hermana de la anterior, en trámite de contratación por la legación diplomática, fueron asesinadas en Bagdad el pasado 29 de junio.
La noticia no tendría nada de particular en el infierno en que se ha convertido la vida cotidiana en la capital iraquí si no fuera por las circunstancias especialmente abominables que rodearon el crimen. Las dos hermanas fueron secuestradas en su domicilio, junto a otros dos miembros de su familia, todos ellos cristianos asirios -una de las confesiones minoritarias que conviven desde hace siglos en Irak- por una docena de individuos uniformados de policías. Los cadáveres de los cuatro Jeelo -tres mujeres y un hombre- fueron abandonados en plena calle y trasladados al hospital de Yarmuk, próximo a la Embajada española. Lo más inquietante es que probablemente los asesinos no fueran disfrazados de policías, sino que llevaran sus propios uniformes.
Las dos hermanas no son las primeras víctimas de la violencia fratricida entre el personal iraquí contratado por la representación diplomática. A principios del pasado abril, otro empleado, Assad Amule, desapareció sin dejar rastro. Varios testigos aseguraron que unos pistoleros le dispararon en una pierna y le obligaban a subir en su propio vehículo. Amule había sido amenazado y estaba preparando su exilio en España.
El año pasado, según la ONU, un total de 34.452 civiles perdieron la vida en Irak. Pese al plan de seguridad aplicado por EE UU en Bagdad, la situación de la capital no parece mejorar. Casi cada día se descubren los cuerpos de decenas de personas ejecutadas y, en muchos casos, con huellas de terribles torturas. Otros, como Amule, no aparecen nunca, pero pocos dudan de su destino. Aunque Amule era chií, formó parte del Ejército iraquí en la época de Sadam y eso le hacía sospechoso para algunos de sus correligionarios.
Amenazas y exilio
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores aseguran que la Embajada española, al frente de la cual está el diplomático Ignacio Rupérez, hace lo posible por proteger a sus empleados locales, aunque se encuentra bajo mínimos para cumplir sus tareas debido a la falta de personal.
Una administrativa iraquí ha sido autorizada a pernoctar en la sede, protegida por muros de hormigón y agentes de los geo, ante el riesgo que representa el trayecto de ida y vuelta a su casa.
La situación de la Embajada española es similar a la de otros países, según las fuentes consultadas. Los iraquíes que trabajan en ellas son objetivo de amenazas y chantaje, directamente o a través de sus familias, por razones políticas o económicas.
Los que no son asesinados emprenden, en cuanto tienen ocasión, el camino del exilio. Para los diplomáticos occidentales, la alternativa está entre ayudarles a huir o atender luego a la manutención de sus viudas y huérfanos. La sustitución no resulta menos compleja. Por razones de seguridad, sólo pueden contratar personas de máxima confianza. Ello explica los lazos familiares entre los empleados. Como las infortunadas hermanas Jeelo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 7 de julio de 2007