El presidente Nicolas Sarkozy no quiere perder el ritmo de las reformas durante el verano y ha decidido poner a trabajar a los diputados y senadores hasta principios de agosto para que aprueben los proyectos de ley sobre el endurecimiento de las penas para los menores delincuentes, sobre restricción de las condiciones del reagrupamiento familiar para inmigrantes, sobre el paquete fiscal que desgravará los impuestos de las horas extraordinarias y sobre la reforma de la Universidad. La ministra de Justicia, Rachida Dati, inició el jueves el trámite de la ley sobre la reincidencia.
La ley sobre la reincidencia es una de las promesas más aireadas por el presidente Nicolas Sarkozy durante la campaña electoral. Entre otras cosas, establece penas mínimas de prisión que supongan un cumplimiento real para los reincidentes condenados a más de tres años de cárcel y rebaja la mayoría de edad penal a 16 años para los jóvenes que reincidan. "Es un proyecto firme, pero justo y que preserva la equidad. No se merece las exageraciones y caricaturas de que ha sido objeto", señaló Rachida Dati en el Senado.
Brice Hortefeux, el titular del polémico Ministerio de la Inmigración, la Identidad y la Cooperación, presentó el miércoles al Consejo de Ministros la quinta ley sobre inmigración de los últimos cinco años. El aspecto más destacado del proyecto es el que establece la obligación de los candidatos al reagrupamiento familiar mayores de 16 años a pasar, en su país de origen, un examen sobre sus conocimientos de la lengua francesa y los valores de la República.
A esta prueba también deberán someterse los extranjeros que se hayan casado con un ciudadano francés y soliciten un permiso de residencia. Los inmigrantes que pretendan traer a su familia deberán probar un nivel de ingresos igual al salario mínimo, unos 1.200 euros brutos mensuales, aunque no se contabilizarán las ayudas sociales que reciban.
La ley de reforma de las universidades exigió la intervención del propio Sarkozy para levantar las dudas que suscitaban algunos de sus puntos, como la autonomía o la reforma del sistema de gestión, que finalmente quedaron a un lado con la promesa del primer ministro, François Fillon, de destinar 5.000 millones de euros a la enseñanza superior en los próximos cinco años.
El paquete de rebajas fiscales, en el que Nicolas Sarkozy confía para impulsar el crecimiento económico, ha obligado a la ministra de Economía y Finanzas, Christine Lagarde, a "explicar a Bruselas" sus consecuencias.
El coste para las arcas del Estado será de unos 11.000 millones de euros anuales. La supresión de impuestos y cotizaciones de las horas extraordinarias costará entre 5.000 y 6.000 millones de euros al año; la desgravación fiscal de los intereses de los créditos a la compra de viviendas, unos 3.000 millones; la supresión de los derechos de sucesiones, otros 2.000 millones, y las desgravaciones por invertir en pequeñas, 500 millones de euros. Pero la más complicada -y socialmente arriesgada- de todas estas reformas legales no se aprobará este verano. El Gobierno presentó el miércoles el proyecto de ley para la implantación de servicios mínimos en los transportes públicos terrestres, algo que los sindicatos consideran como una ruptura del derecho de huelga.
La ley pretende "garantizar a los usuarios, en caso de huelga, un servicio reducido pero previsible" y establece que los trabajadores del sector que tengan intención de participar en un paro deberán comunicarlo dos días antes, y que la continuidad de la protesta se decidirá con un voto secreto.
Negociación con sindicatos
Sarkozy se ha reunido en varias ocasiones con los representantes sindicales sin conseguir que acepten del todo su proyecto, que también forma parte de las promesas más repetidas durante la campaña electoral presidencial, y que privaría a los sindicatos de un arma muy potente que, en el pasado, ha servido para paralizar el país en varias ocasiones. Sarkozy ha puesto como fecha tope para lograr un compromiso el 1 de enero de 2008. En caso contrario, será el Gobierno quien dicte la norma. El siguiente paso es la reforma del contrato laboral.
Por otro lado, Sarkozy no tiene intención de decretar una amnistía general con ocasión del 14 de julio, día de la fiesta nacional de Francia, según confirmaron en medios judiciales, aunque la decisión aún no ha sido oficialmente anunciada, según Le Monde. Sarkozy rompería de este modo una tradición anual que rige desde 1991 y de la que se benefician miles de detenidos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 7 de julio de 2007