El principal imputado en el fraude millonario de la Hacienda de Irún, José María Bravo, volvió a ingresar ayer en la cárcel de Martutene (San Sebastián) tras negarse a declarar ante la juez que instruye el caso. La orden de prisión incondicional fue adoptada a petición de la fiscalía y tras la aparición de nuevos indicios que "agravan notablemente la importancia del delito" de estafa presuntamente cometido por el ex director de la oficina tributaria de Irún entre 1995 y 2004.
En esta ocasión, Bravo no estuvo arropado en el juzgado por su hermano Víctor Bravo, ex director general de la Hacienda guipuzcoana cuando se produjeron los presuntos hechos delictivos y que presentó su renuncia como senador del PNV en mayo pasado tras destaparse el escándalo. El caso de la Hacienda de Irún irrumpió en medio de la pasada campaña electoral y tuvo una incidencia directa en los pobres resultados del PNV en Guipúzcoa.
El cerebro de la trama de Irún está acusado de los delitos de estafa, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y blanqueo de capitales. Mientras ocupaba la máxima responsabilidad en la oficina tributaria de Irún, según consta en la denuncia de la Fiscalía, se dedicó a negociar las deudas de contribuyentes morosos, recibía pagos en metálico o en cheques, entregaba un justificante de embargo y la baja de insolvencia, sin que en la Hacienda guipuzcoana constara el ingreso de tales sumas de dinero.
Cinco millones de euros
A falta de una actualización, la Diputación calcula que las arcas forales han dejado de ingresar al menos cinco millones de euros. Mediante estas prácticas, Bravo se pudo apropiar de más de dos millones de euros.
La juez instructora ha incorporado a las diligencias una decena de nuevos casos que elevan a 35 los expedientes irregulares que tramitó Bravo. En su auto de prisión, considera "especialmente llamativo" el caso de una deuda de 220.000 euros cobrada por Bravo cuando ya estaba en excedencia y su correspondiente anulación en la Hacienda foral.
Esta práctica, razona la juez, podría constituir "un delito de estafa de los considerados de especial gravedad". Y concluye que los indicios que inculpan a Bravo "son más graves y contundentes" que los que valoró en su anterior auto de prisión del 18 de mayo, en el que la juez le envió a prisión bajo fianza de 400.000 euros. La cantidad fue entregada en el juzgado por su familia tras permanecer 26 días en la cárcel.
La juez vuelve a ordenar su ingreso en prisión, esta vez incondicional, al considerar que los nuevos fraudes pueden "agravar notablemente la importancia del delito". También justifica su envío a prisión por el riesgo de fuga del principal imputado y por la posibilidad de "ocultar parte de las pruebas" si permanece en libertad condicional.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 12 de julio de 2007