La Generalitat planteará, a través de los cauces legales correspondientes, "todas las iniciativas" que crea oportunas para "garantizar" el "respeto medioambiental" en la construcción de la desaladora de Torrevieja (Alicante) y hacerlo "compatible con el derecho al agua que tiene la Comunidad Valenciana, pero no a cualquier precio". Así lo anunció ayer el vicepresidente primero y portavoz del Consell, Vicente Rambla, al ser preguntado en la conferencia de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano en relación con la decisión del Tribunal Constitucional de autorizar a la empresa estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) la construcción de la desaladora de Torrevieja (Alicante), recurrida por la Generalitat.
Rambla aseguró que el alto tribunal no sólo "no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto", sino que "incluso deja abierta la posibilidad de continuar planteando cualquier recurso en la medida en que se incorporen nuevos datos". Además, argumentó que uno de los magistrados ha planteado un voto particular en el que expone "muchas dudas sobre las garantías de esa enorme desaladora", que es, destacó, "la más grande del mundo para consumo humano".
Por ello, subrayó que la Generalitat realizará "todos los esfuerzos", mediante "los cauces legales oportunos", para "garantizar la preservación de los valores medioambientales" de espacios naturales "claramente afectados" por esta infraestructura.
Pérdidas
La sociedad estatal Acuamed, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, estimó ayer que durante el tiempo que estuvo paralizada la desalinizadora de Torrevieja (Alicante), "la pérdida para el sector agropecuario habría supuesto casi 500.000 euros diarios, sin contar las mermas posibles de la actividad turística en la Comunidad Valenciana y Murcia por eventuales problemas de abastecimiento urbano", según un comunicado ministerial.
Acuamed destacó que la desalinizadora de Torrevieja tendrá una capacidad de producción diaria de 240.000 metros cúbicos, lo que arrojará un total anual de 80 hectómetros cúbicos de producción anual. De esta forma, 40 hectómetros cúbicos se pondrán a disposición del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y de otros usuarios, a través del centro de intercambio de derechos de uso del agua, gestionado por la Confederación Hidrográfica del Segura, y otros 40 hectómetros cúbicos se destinarán a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla para abastecimiento, según Medio Ambiente.
Igualmente, la planta "abastecerá a 2,3 millones de personas en las provincias de Alicante y Murcia, y permitirá garantizar plenamente, en caso de sequía, el riego de emergencia destinado a todos los frutales dependientes del trasvase Tajo-Segura que sufran la escasez de agua".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 28 de julio de 2007