La ley reguladora del CNI, de mayo de 2002, estableció un mecanismo de control parlamentario del servicio secreto español, a imagen de otros países, como EE UU o Alemania. En concreto, el artículo 11 de la ley señala que los diputados, a través de la Comisión de Fondos Reservados, que se reúne a puerta cerrada, conocerán el "funcionamiento y actividades" del CNI, así como "los objetivos de inteligencia establecidos anualmente por el Gobierno" y "el informe que, también con carácter anual, elaborará el director del CNI" sobre el "grado de cumplimiento" de los mismos.
Sin embargo, ningún grupo parlamentario ha reclamado nunca que el director del CNI, Alberto Saiz, comparezca para explicar los objetivos anuales del servicio secreto -que se aprueban en enero de cada año- y mucho menos su grado de cumplimiento. Todas las peticiones de comparecencia presentadas esta legislatura en el registro de la Cámara se han derivado de noticias de prensa. Es decir, el Congreso no controla las actividades del CNI, sino sólo sus escándalos.
Estos son algunos ejemplos:
- PP. Ha pedido que Saiz comparezca este mes de agosto para que explique la rueda de prensa en la que reveló la detención de Flórez. El pasado 20 de junio pidió que acudiera a informar sobre los supuestos seguimientos al presidente de Endesa, Manuel Pizarro. En junio de 2005, solicitó que compareciera para explicar unas declaraciones sobre el 11-M. En abril de 2004 le exigió que informase de la relación con el CNI del socialista asturiano Fernando Huarte.
- ERC. Pidió en julio de 2004 que Saiz informase de una supuesta nota del CNI sobre una conversación entre su líder Josep Lluis Carod-Rovira y Arnaldo Otegi.
- IU. Pidió tres veces su comparecencia por los vuelos de la CIA. Saiz acudió por fin en julio de 2006. Fue su única comparecencia parlamentaria, junto a la que hizo en la comisión de investigación del 11-M.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 31 de julio de 2007